domingo, 30 de octubre de 2011

Cinco procesados en el caso de Maria Claudia, la mamá de Macarena Gelman

Se investiga, aún, el asesinato de María Claudia  García Iruretagoyena 

Los acusados, que ya fueron condenados por otra causa, fueron considerados “coautores de homicidio muy especialmente agravado”. La medida se concretó luego de que el Congreso uruguayo declarara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad.

Un día después de que el Congreso de Uruguay declarara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, la Justicia de ese país ordenó el procesamiento de cinco militares retirados acusados del homicidio especialmente agravado de María Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman y madre de Macarena Gelman, que nació en el Hospital Militar de Montevideo mientras su madre estaba en cautiverio, fue apropiada por los represores y criada por un policía uruguayo retirado. Recién supo su verdadera identidad hace once años.

El juez Pedro Salazar libró una orden de procesamiento “con prisión” sobre José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Valentín Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina por considerarlos “coautores penalmente responsables de homicidio muy especialmente agravado” en el caso de la mamá de Macarena Gelman, según apunta el fallo. Los cinco imputados ya fueron condenados por el asesinato de 28 opositores a las dictaduras uruguaya y argentina en el marco del Plan Cóndor. Además, el magistrado solicitó la extradición a Brasil y a la Argentina del militar retirado Manuel Cordero, quien también cumple una condena –en un penal argentino–. En tanto, desestimó los cargos de desaparición forzada pedidos por la fiscalía.

La medida tomada por el juez penal uruguayo comporta el primer paso en el proceso de juzgamiento de los represores por su responsabilidad en la privación de libertad y homicidio de María Claudia García Iruretagoyena. El juicio se llevará a cabo de manera reservada y por escrito, ya que en el país vecino no existe la figura de juicio oral y público, y por las pruebas en su contra que conforman el expediente, existen altas probabilidades de que los acusados sean condenados.

María Claudia fue secuestrada junto a su compañero, Marcelo Gelman, en Buenos Aires en 1976. Ambos fueron trasladados al centro de detención Automotores Orletti, sede del Plan Cóndor –la causa que juzgó los delitos allí cometidos en Argentina acabó con altas condenas para los acusados–. Desde entonces, el camino de ambos se bifurcó. A él lo asesinaron y su cuerpo fue encontrado por el Equipo de Antropología Forense en 1989. Ella, embarazada, fue llevada por la Fuerza Aérea uruguaya hasta la sede del Servicio de Información de Defensa en Montevideo. Macarena nació en el Hospital Militar de esa ciudad y en enero de 1977 fue dejada en una canasta en la puerta de la casa de un policía, quien la crió. En 2000, la nieta del poeta supo su verdadera identidad y se cargó al hombro, junto con su abuelo, la lucha para que su país investigue qué pasó con sus madre y condene a los responsables.

Este es el primer auto de procesamiento dictado tras la aprobación, el jueves, de una norma que considera delitos de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, todos los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura (1973-1985). De no existir tal decisión del Congreso, crímenes como el de María Claudia habrían caducado el próximo día 1º de noviembre, según decretó la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del Uruguay. No obstante, voceros de la SCJ señalaron que en cualquier caso, al haberse iniciado este proceso antes de esa fecha límite, estos delitos aún no hubieran prescripto y el juicio no “estaría afectado” por esta medida.

Pero la declaración de lesa humanidad de delitos como el cometido en perjuicio de María Claudia no es el único hecho ocurrido en los últimos días que lo hizo retumbar y le agregó actualidad. Hace exactamente una semana, un grupo de antropólogos encontró restos humanos en un cuartel militar a las afueras de Montevideo mientras buscaban por orden judicial restos de desaparecidos, entre ellos los de la mamá de Macarena Gelman

viernes, 28 de octubre de 2011

Condenan a 12 años de prisión al apropiador de Jorge Guillermo Martínez Aranda

Es por un caso de apropiación de un menor durante la última dictadura. El Tribunal Oral Federal de San Juan fijó este martes la pena de 12 años de prisión para el ex suboficial Luis Tejada y de 5 años de prisión para su esposa, Raquel Josefina Quinteros.

El Tribunal Oral Federal de San Juan condenó esta tarde a 12 años de prisión al sargento de inteligencia del Ejército Luis Alberto Tejada, que deberá cumplir en una cárcel común, y a cinco años de prisión domiciliaria a su esposa, Raquel Quinteros, al encontrarlos penalmente responsables de la apropiación de Jorge Guillermo Martínez Aranda, hijo de una pareja desaparecida en agosto de 1980 y hermano del militante de HIJOS Chaco y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Emilio Goya.

El que por aquel entonces era un bebé, es hijo del militante montonero Francisco Luis Goya y la ingeniera mejicana María Lourdes Martínez Aranda, había nacido en España a fines de 1979 y traído al país por sus padres en el marco de la operación denominada "Contraofensiva de Montoneros". La pareja y el niño, ingresaron al país por el paso de Los Libertadores de Mendoza, pero fueron detenidos y llevados a la localidad de Punta de Vacas "donde fueron interrogados, torturados y separados del niño", según dijo un testigo protegido.

Aunque no se sabe qué fue de sus padres, la criatura fue llevada a la sede del destacamento de Inteligencia 144 en el centro de la ciudad de Mendoza y fue de allí de donde el suboficial Luis Tejada se lo llevó, porque según él mismo declaró "fue por orden de un superior", aunque tiempo después lo inscribió como hijo propio.

En el juicio el apropiador reconoció que consiguió un certificado médico de nacimiento falso y que con ese documento inscribió al bebé como hijo propio bajo el nombre de Carlos Alberto Tejada en el Registro Civil del departamento de Rivadavia de San Juan.
Tejada le había dicho a su esposa que el niño era hijo suyo y producto de una relación extramatrimonial, y por su propia confesión, se sabe que recién 28 años después, en el año 2008, cuando la Policía Federal allanó su casa para recolectar muestras de ADN del joven apropiado, le contó la verdad.

El veredicto de los jueces Hugo Echegaray de San Juan, Raúl Fourcade de San Luis y Héctor Cortéz de Mendoza, resultó menor a lo que pidió la parte querellante ejercida por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que fue de 23 años de prisión para Tejada y 18 años de cárcel para la mujer.

También la pena impuesta, fue menos de lo que pidieron para la pareja los fiscales Mateo Bermejo y Dante Vega, que solicitaron 14 años para el militar y 8 para su esposa, en tanto que los defensores Eduardo San Emeterio y Humberto Conti Pico habían pedido la absolución de los imputados al considerar que no habían sido probados los delitos que se imputaban.

La resolución de los jueces no dejó conformes a los abogados de la querella unificada del hermano del joven apropiado y militante de HIJOS Chaco Emilio Goya y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, María Inés Vedia y Mariano Gaitán, quienes dijeron que "esperábamos una condena mayor en virtud de la gravedad de los delitos cometidos" y anticiparon que "una vez que se conozcan los fundamentos de los jueces, se analizará con detenimiento la sentencia".

FUGA
Los jueces también dictaron la prisión preventiva y determinaron que el suboficial Luis Tejada sea llevado de inmediato al Penal de Chimbas de San Juan, "ante el alto riesgo de fuga por la severidad de la condena", pero dispuso que su esposa, Raquel Quinteros, permanezca en su casa del Barrio Camus de San Juan con detención domiciliaria por entender que "presenta un atenuado riesgo de fuga".

El Tribunal también dispuso enviar al juzgado de primera instancia los antecedentes, para que los hermanos del suboficial condenado, Oscar Alfredo Tejada y María Esther Tejada, sean procesados por falso testimonio o como co-autores del delito de ocultación del menor, como lo habían pedido la querella y la fiscalía.

También decidieron que el testimonio del testigo protegido Antonio Cruz, sea remitido al Tribunal Oral Federal número 6 de la Capital Federal, "por resultar de interés en el marco de la causa 1351, donde se juzga la responsabilidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas" por la implementación de un plan sistemático de sustracción de niños, hijos de desaparecidos.

También remitirán todos los registros del juicio realizado en San Juan, al Juzgado Federal número 1 de Mendoza, que en la causa 663 F, investiga la desaparición de Francisco Luis Goya y María Lourdes Martínez Aranda, que son los padres del niño apropiado por Tejada y su mujer.

martes, 25 de octubre de 2011

La hija de Zelmar Michelini declaró en el juicio por el robo de bebés

Margarita Michelini contó su experiencia de detención en el centro clandestino Automotores Orletti junto a su compatriota Sara Méndez, a quien los represores argentinos le su hijo recién nacido. Además, Margarita aseguró que el crimen de su padre en Buenos Aires en 1976 se cometió "siguiendo un plan de eliminación de dirigentes políticos democráticos" en el marco del Plan Cóndor coordinado por las dictaduras cívico-militares latinoamericanas.

La mujer fue citada por el Tribunal Oral Federal 6 y declaró por videoconferencia desde Uruguay para dar cuenta de su propia experiencia como víctima de la represión ilegal en el marco del Plan Cóndor, ya que fue secuestrada y llevada al centro clandestino de detención Automotores Orletti poco después del crimen de su padre.

Zelmar Michelini se había instalado en Buenos Aires, donde fue secuestrado y apareció asesinado el 20 de mayo de 1976 junto con otras cuatro víctimas, el también legislador uruguayo Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelaw y Manuel Liberoff.

Una de sus hijas, Margarita, junto con su marido, habían seguido sus pasos con el bebé de ambos debido a la militancia política que tenían en Uruguay y aconsejados por el legislador. En julio de 1976, ella fue secuestrada junto a su entonces marido en la localidad de Villa Martelli, donde la dejaron entregar su hijo de 20 meses a unos vecinos.

Allí estuvo con otra uruguaya, Sara Méndez, a quien los represores argentinos robaron su bebé nacido en el centro clandestino. Ambas fueron luego llevadas a su país en un vuelo con varias víctimas del accionar conjunto de las dictaduras latinoamericanas.

"Hacía muy poquito que había tenido a su bebé", contó hoy Michelini, quien conocía a Méndez porque era maestra y había enseñado a alguno de sus diez hermanos en su país natal. Michelini confirmó que el bebé de Méndez fue apropiado en Argentina y que un represor uruguayo viajó desde ese país para intentar recuperarlo "pero volvió con las manos vacías" cuando resolvieron "blanquearlas" a ella y a la maestra, "en una farsa de juicio".

"Nos iban a mostrar en una farsa diciendo que intentamos invadir Uruguay pero se encontraron con la situación de que no estaba el hijo de Sara y eso provocó revuelo, algo no les cerraba porque querían decir que nos llevaron presos desde Argentina, donde había quedado el bebé", recordó.

El recién nacido fue encontrado en una búsqueda que hizo otro de los hermanos Michelini, Rafael, legislador uruguayo, 25 años después. Se trata de Simón Riquelo, quien fue abandonado en una clínica del norte bonaerense y adoptado por una familia, cuyos integrantes declararan como testigos en el juicio.

Sobre su paso por Orletti antes de ser parte del primer vuelo que llevó secuestrados uruguayos al país vecino, Michelini recordó que compartió cautiverio con dos hermanos del ex líder del ERP, Roberto Santucho, y la esposa de otro de sus hermanos, que estaba embarazada.

lunes, 24 de octubre de 2011

Declaró Anatole Julien

Le sorprendió que no aparecían "padres”

En la audiencia también declaró Anatole Julien, el niño que a los cuatro años vio el operativo contra sus padres, que pasó con su hermana Victoria de Automotores Orletti a Uruguay y luego a una plaza de Valparaíso en Chile en la que fueron abandonados con un cartel, en el marco del Plan Cóndor. “Me acuerdo que había una calesita, una pequeña montaña rusa, un caballito y el dueño de esos juegos nos ve cuando nos dejan abandonados y se van en un vehículo. Le sorprendió que no aparecían padres de nadie. Que estábamos bien vestidos, no parecíamos niños de la calle y teníamos acento argentino. Yo vi los reportajes de la época, hay notas de la prensa chilena y los títulos dicen: ‘Niños tupamaros dejados abandonados en Plaza de Valparaíso’: asumían que podían ser hijos de una pareja de de-saparecidos tupamaros, yo era muy contestario y dicen que no dejaba sola a mi hermana.” Anatole habló de lo que pasó más tarde. El dueño de la feria que terminó llamando a la policía. Ellos pasaron a un orfanato y a cargo de una jueza a la que volvieron a ver seis o siete años atrás para un documental. Ella los entregó en adopción al único de tres candidatos posibles que quería a los dos. 
En 1979, la abuela biológica los encontró a través de la vicaría de Chile. “Mi abuela lo único que quería era traernos de vuelta con la familia sanguínea, estuve más de un año yendo y viniendo, tenía arranques muy violentos y en determinado momento (una persona que lo trataba) le dijo a mi abuela que un segundo desarraigo para mí a nivel paterno sería irreparable: que yo sabía, que tenía recuerdos reales y sabía que había una trasposición de los segundos y por lo tanto no era bueno el desarraigo, ella con una nobleza por mi bienestar lo aceptó: y llegaron a un acuerdo para que viaje seguido a Uruguay.”

Macarena Gelman declara por teleconferencia desde Montevideo

Una búsqueda que todavía no terminó

La nieta del poeta Juan Gelman detalló ante el tribunal que nunca había sospechado que no fuera hija del policía que la crió. Recién en 2000 conoció su historia. Desde entonces reconstruyó el cautiverio de su madre y su nacimiento.

 Por Alejandra Dandan

Uno de los jueces le preguntó en algún momento por sus apropiadores, pero Macarena Gelman volvió a nombrarlos como los llamó una y otra vez hasta ese momento: padres adoptivos. Antes o después, otra integrante del Tribunal Oral Federal 6 volvió a preguntarle sobre el momento en el que desde el presente de su restitución, ella hizo memoria sobre lo que habían sido las últimas palabras de una de esas personas. Un hombre de la policía uruguaya, masón, retirado en el año ’75 y luego jefe de policía de su distrito en la democracia de la mano del Partido Colorado. Macarena dijo que cuatro días antes de su muerte, en la cama del hospital, entendió que le estaba dejando un mensaje. Primero le dijo que fuera a buscar a la biblioteca de su casa un libro en el que “si mal no recuerdo hablaban de la dictadura argentina y mencionaban nombres como el de Aníbal Gordon. Lo otro que hizo mi papá antes de morirse es que lloraba y me pedía perdón”.

–¿Cómo era el nombre del libro? –le preguntó la presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta.

–La ira del Leviatán –dijo ella–, de un militar uruguayo, me dijo que lo busque en su casa y se lo lleve.

–¿Y usted qué hizo?

–No, no supe más nada: no presté atención en ese momento, recapacité y es todo cuanto me acuerdo: cuando me entero de todo y recuerdo ese episodio y veo que el libro era referido a ese tema.

–¿Cómo se lo dijo?

–Fue cuatro días antes de morir, en una conversación que tuvimos sobre una serie de operaciones que podían no tener fin y él tenía miedo, me pidió perdón porque no quería dejarme con problemas. Lloraba y me pedía perdón una y otra vez.

–¿Le preguntó cuáles podían ser esos problemas?

–Yo lo que me imaginaba obviamente era sobre lo que podía generar su muerte. Yo no sabía nada de que no era hija biológica de ellos. El era una persona que solía hacerse cargo absolutamente de todo, mi mamá y yo siempre fuimos muy dependientes.

Entre el presente y el pasado de esas dos historias, Macarena declaró conectada a la sala auditorio de los Tribunales de Comodoro Py desde la sede del Mercosur uruguayo. Su nombre es uno de los 35 expedientes que se investigan en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés de la dictadura. Esta vez, parte del tramo de los robos de niños que comenzaron en el centro clandestino de Automotores Orletti, base del Plan Cóndor en Argentina y el espacio donde pasaron sus padres Marcelo Gelman y María Claudia Iruretagoyena que llegó embarazada a ese lugar. Macarena inició una causa en Uruguay para encontrar el cuerpo de su madre y para que sean juzgados los responsables de su desaparición.

“A principios del año 2000 un obispo de Uruguay se contacta con mi mamá adoptiva para trasmitirle que se había puesto en contacto mi abuelo Juan Gelman, y le había transmitido su presunción de que podía ser su nieta”, explicó, en el comienzo. “Diez días después, mi mamá adoptiva me dice que yo no soy hija biológica de ellos, me dice que yo había sido dejada en la puerta de su casa en enero del ’77 en una canastita, con un cartelito que decía como que nací el 1º de noviembre: ‘Soy la madre y no puedo cuidarla’. Hasta ese momento, yo no había tenido conocimiento de mi origen, hasta que monseñor Galimberti le transmite esta presunción de mi abuelo y le dice que si yo quería podía hablar de eso con él.”

Su abuelo había llevado adelante durante todos esos años la investigación por su búsqueda, con su mujer e integrantes de los organismos de derechos humanos. A través de un dato que un intermediario obtuvo del represor Alfredo Ruffo supieron que ella podía estar en Uruguay. El 31 de marzo del año 2000 se reunió por primera vez con el poeta Juan Gelman: “Me encuentro con él, me da detalles”, dijo. Los análisis genéticos confirmaron más tarde los datos.

“Los restos de mi papá fueron hallados en 1989, estaba secuestrado en Orletti y en el año ’76 lo asesinan, en septiembre u octubre y sus restos son encontrados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.” A su madre la trasladaron de Orletti a Montevideo, donde quedó secuestrada en el Servicio de Informaciones y Defensa. Las referencias indican que Macarena nació a fines de octubre o principios de noviembre del ’76. “La última vez que es vista con vida es el 22 de diciembre de 1976, cuando un soldado ve que se la llevan dos funcionarios militares, con rumbo desconocido y conmigo en una canastita y hace alusión a eso con un comentario, diciendo: ‘A veces hay que hacer cosas embromadas’.”

A esta altura, se sabe que María Claudia estuvo con un grupo de uruguayos que habían sido trasladados antes desde Buenos Aires. “Ellos dicen que alguien ve a una mujer embarazada que no conocían y una noche sienten a un guardia pedir una ambulancia.” En ese momento, en la sala uruguaya, del otro lado de la pantalla, Macarena dejó de hablar. “Aparentemente eso lo deducen porque escuchan que se piden indicaciones como para atender a una mujer que estaba en trabajo de parto. Pocos días después, relatan que se empezó a escuchar el llanto de un bebé. Y como algunas detenidas eran madres recientes, lo identificaron con el llanto de un bebé recién nacido.”

En esa trama de fuentes directas e indirectas, pero siempre ancladas en algún lugar fuera de sí misma, ella reconstruyó detalles apuntalados con la lógica de las referencias que le exige el discurso de las pruebas penales. Datos que sí sabía, datos que no.

“¿Sabe dónde nació?”, le preguntó el fiscal Martín Niklison. “No tengo precisión exacta, se supone que en el Hospital Militar Central, por estas referencias que se hicieron cuando piden la ambulancia.”

Las personas que la criaron la anotaron como hija propia. Alguien le preguntó por la partida de nacimiento. Ella no sabe aún si estuvo falsificada. Le preguntaron por los nombres de los testigos, quiénes eran. Macarena dijo que fueron dos, amigos del policía Angel Tauriño: uno llamado Alberto López, dueño de una automotora, su padrino y muerto en 1995, y una persona llamada Fiori. Macarena no tiene certezas de que hayan tenido vínculos con la dictadura. O por qué su madre terminó en Uruguay.

“Si bien se manejaron distintas hipótesis, desde una confusión con el apellido –porque había otro uruguayo con ese nombre– o hasta el traslado para quedarse conmigo, no he podido confirmar ni descartar nada: lo que sé es que estuvo en el lugar de los uruguayos, que a un grupo los trasladaron previamente. Y que tengo referencias de que los que integraban ese primer vuelo habían sobrevivido, los del segundo vuelo hasta ahora permanecen todos desaparecidos, no han sobrevivido y mi mamá tampoco.”

Tauriño tenía grado de comisario inspector. En 1975 inició el trámite de retiro, una de las hipótesis en las que cree Macarena es que tuvo problemas con el “régimen”. Hizo un reclamo al Ministerio del Interior por hostigamiento. En 1976 estaba retirado. Estuvo en la Asociación de Policías en Retiro y después de 1995 lo nombraron jefe de policía del Departamento de San José por su vinculación con el Partido Colorado. Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, pero sobre todo la fiscalía, hicieron preguntas por Tauriño. En Abuelas admiten que todavía no hay demasiados datos, pero su integración a la policía y aquellas últimas palabras alientan una investigación. A tientas, trabado, intentando dejar a un lado los datos para entender acaso otros procesos, el fiscal Niklison le preguntó a Macarena qué le pasó a ella con la restitución: “Y bueno –dijo ella–, qué decir: que me sentí más completa y entiendo lo que antes no entendía y los vacíos que no sabía de dónde salían”.

En ese momento, habló del libro y el pedido de perdón.

viernes, 21 de octubre de 2011

Raquel, Tulio, dos de sus hijos, falta uno

Los crímenes probados durante el juicio

Raquel Angela Carolina Negro y Edgar Tulio Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata y trasladados a la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario. Con ellos estaba Sebastián, el hijo de Raquel, que tenía un año y medio.

En el juicio se determinó que Raquel Negro fue trasladada a dar a luz en el Hospital Militar de Paraná, procedente del centro clandestino de detención La Intermedia, y permaneció al menos 15 días en la sala de guardia, donde estuvo custodiada por agentes de inteligencia vestidos de civil que se rotaban cada 24 horas.

El parto se habría producido el 3 de marzo. Fue atendido por médicos que no pertenecían al nosocomio castrense, y tras el alumbramiento del varón, la madre lo arropó durante unos instantes hasta que unos hombres se lo llevaron; luego nació la nena.

Los mellizos fueron internados enseguida como NN en la sala de terapia intensiva, porque supuestamente presentaban problemas respiratorios y cardíacos, y luego derivados al Instituto Privado de Pediatría (IPP), donde la nena ingresó el 4 de marzo y el varón el 10 de marzo, en su caso sin identidad, desconociéndose dónde estuvo en esos seis días. Ambos egresaron el 27 de marzo. La nena fue dejada esa misma noche en el Hogar del Huérfano y luego dada en adopción legal. Hoy se sabe que se trata de Sabrina Gullino, quien recuperó su identidad en 2008. El mellizo varón continúa desaparecido.

Los abogados querellantes plantearon que los represores trazaron una “versión falseada” para simular que el mellizo varón había fallecido, con el objetivo de que nadie siguiera buscándolo; mientras que los fiscales también destacaron el rol que tuvieron otros integrantes del engranaje represivo que no están sentados en el banquillo de los acusados por haber fallecido antes del juicio, como es el caso de los jefes del Segundo Cuerpo de Ejército Leopoldo Fortunato Galtieri y Luciano Adolfo Jáuregui; el jefe del Destacamento de Inteligencia 121 Alcides Juvenal Pozzi; y mencionaron también a Juan Carlos Trimarco, jefe de la represión en Entre Ríos, quien fue declarado inimputable y se le suspendió el proceso penal en su contra. De la misma manera, apuntaron contra Luis Levin y Luis Beret, director y subdirector del Hospital Militar.

Levísimas condenas por el robo de bebés

Cinco condenas por el robo de dos bebés

Cuatro militares y un médico recibieron penas de entre cinco y catorce años por robar a los mellizos que dio a luz Raquel Negro en marzo del ’78. Otro de los imputados fue absuelto.

 Por Juan Cruz Varela

Desde Paraná

Tres minutos insumió la lectura de la sentencia. Ese tiempo le llevó al Tribunal Oral Federal de Paraná anunciar la condena a cinco represores por dos hechos de sustracción de menores y supresión de identidad, cometidos en el marco de un plan sistemático que dio lugar a la tortura, desaparición forzada de personas y robo de bebés. Los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos condenaron a Pascual Oscar Guerrieri a catorce años de prisión, a Jorge Alberto Fariña y Juan Daniel Amelong a trece años, a Walter Salvador Pagano a once años y al médico anestesista Juan Antonio Zaccaría a cinco años de cárcel. En tanto, Marino Héctor González fue absuelto.

El fallo dejó una doble sensación: por un lado, la satisfacción de haber logrado una condena, pero por el otro la amargura por el monto de las penas impuestas, sobre todo en el caso del médico Zaccaría, y por la absolución de González. Los querellantes habían reclamado la prisión perpetua para los seis imputados al invocar la figura de la desaparición forzada de personas en virtud de que todavía se desconoce el paradero de uno de los mellizos que dio a luz Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, en marzo de 1978, mientras estaba privada de su libertad.

Cincuenta y ocho días duró el juicio. Dieciocho audiencias de debate. Cuarenta y un testigos pasaron ante el tribunal. Cinco condenados, un absuelto, una identidad restituida y un ausente. El juicio cambió la presunción de muerte por una certeza de vida respecto del mellizo. Pero sigue habiendo alguien que falta. NN Facundo dirá la investigación que corre paralelamente en el Juzgado Federal.

A las 17.18 la voz entre ronca y severa del presidente del tribunal rompió el silencio. Sabrina se aferró más que nunca a Sebastián. No lloraron, pero se los notaba emocionados. Nunca lloran. “No se llora frente a los hijos de puta”, dijo ella un día.

Sin embargo, en pocos minutos una sensación de desazón ganó la escena. No hubo aplausos ni gritos ni llantos en la sala. El retrato de Raquel se elevó en el aire y estalló un canto tibio, ese que reza “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Sabrina y Sebastián, los hijos de Raquel Negro y Tucho Valenzuela, se abrazaron con fuerza y ternura a la vez. Enseguida se sumó a ellos Matías, hijo de Tucho. También afuera, en la calle, acompañaron el canto de los de adentro con un poco más de fuerza que convicción. Era un grito contenido durante treinta años.

Hubo coincidencias en que la sentencia fue histórica, pero no cubrió las expectativas, ni por los montos de pena impuestos ni por la absolución que se dictó contra uno de los acusados. “No era lo que esperábamos, pero estamos contentos porque se cierra una etapa y se abre otra. Este juicio sirvió para comprobar que el melli está vivo, así que ahora hay que apostar a encontrarlo, y estamos cada vez más cerca”, afirmó Sabrina tras la lectura de la sentencia. La joven, que hoy tiene 33 años, recuperó su identidad en diciembre de 2008, a partir de una investigación iniciada desde el Registro Unico de la Verdad, un organismo del gobierno entrerriano.

“Los abogados querellantes habían pedido prisión perpetua, pero es la sentencia que hay, y la absolución es la parte más dolorosa que tiene; pero apostamos a una instancia de justicia en la que se les dieron a los imputados todas las garantías, tal como nos enseñaron las Madres y las Abuelas, no apelando a la venganza, sino a la reconstrucción de la historia a través de la Justicia y en el marco de las instituciones democráticas. Eso es lo que se les dio y lo que hay que defender siempre”, acotó Sabrina.

Entonces la condena dio paso al festival popular convocado por los organismos de derechos humanos para festejar la alegría, para seguir sembrando memoria, verdad y justicia, que es algo más que una consigna. La guitarra de Mazinatra acompañó a Sabrina en su “Canción del Melli”. Luego siguieron los espectáculos. Payasos autoconvocados por la memoria, la murga rosarina La Memoriosa, las chicas paranaenses de Tamvos, Muzingas, Alejandra Mansur y el grupo de rock Actitud María Marta le pusieron color y voz a ese canto a la justicia, en un espectáculo que se extendió por varias horas, desde un escenario montado sobre la calle, hasta que la noche fue cubriendo a la ciudad y esos rostros jóvenes en blanco y negro, sus imágenes, bailaban en las cuerdas que los sostenían frente al edificio de los tribunales federales

jueves, 20 de octubre de 2011

El crimen de la apropiación

 Por Ana Oberlin *

Difícilmente haya causas que muestren de forma más explícita la presencia actual de las consecuencias del terrorismo de Estado que las que investigan y juzgan casos de apropiación de niños y niñas secuestrados con sus madres o que nacieron durante el cautiverio de éstas, en la última dictadura militar. Esta siniestra práctica represiva no estaba configurada con claridad antes de producirse el golpe de Estado, pero rápidamente fue absorbida como parte del proceso de aniquilamiento de las personas sindicadas como enemigos por los represores. Sus aristas diferenciales se delinearon de inmediato.

Uno de sus propósitos fue que los niños no crecieran con las familias tildadas de subversivas, en forma similar al tratamiento que impuso el franquismo a los hijos de los republicanos que eran asesinados o apresados. Durante la dictadura franquista, esos niños fueron llevados a reformatorios y separados de sus familias, para evitar que los criaran de acuerdo con valores contrarios a los que buscaba imponer el régimen. En nuestro país, tuvieron diferentes destinos: algunos fueron apropiados por integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad o personas vinculadas con éstos; otros fueron asesinados junto a sus padres; y unos pocos fueron adoptados por familias que de buena fe los educaron. Pero el objetivo de quienes pergeñaron el terrorismo de Estado fue el traspaso violento de los menores desde el grupo en el que habían nacido hacia otro, para evitar que estuvieran con sus familias verdaderas.

Otra de sus finalidades fue aplicar un castigo adicional a las familias de quienes osaron trasgredir el orden que imponía la dictadura. Como en el seno de esas familias habían nacido “extremistas”, esta práctica represiva fue una forma más de represalia por haberlos engendrado. El plus lo configuró –y lamentablemente lo sigue configurando– la angustia desgarradora de sumarle a la incertidumbre sobre lo ocurrido con las y los de-saparecidos no conocer el destino de sus hijos, quienes también pasaron a integrar la ominosa lista de desaparecidos. En algunos casos, incluso, ni siquiera se ha podido determinar si mujeres que fueron secuestradas embarazadas llegaron a dar a luz o si los niños que nacieron en esas condiciones sobrevivieron al horror. Este castigo se sigue infringiendo y el dolor que provocan estas ausencias se renueva cotidianamente para las familias que aún siguen buscando.

El tercer objetivo fue aportar al disciplinamiento que la dictadura pretendía aplicar a la sociedad: a quienes se oponían al régimen saliendo del ámbito privado en el que debían estar recluidos y desafiando el orden establecido, no sólo se los secuestraba, se los de-saparecía, se los torturaba o se los apresaba, sino que también se les arrancaban sus hijos. En Paraná, desde el mes de agosto se está juzgando a seis de los responsables de la apropiación de los hijos mellizos de la desa-parecida Raquel Negro, cuya hija, su familia y las Abuelas tuvieron la enorme alegría de encontrar hace tres años. En cambio, a su hermano aún lo estamos buscando.

Los testigos principales de este juicio fueron médicos y enfermeras del Hospital Militar en donde fue obligada a parir Raquel y de un instituto médico al que fueron llevados los bebés. La diferencia entre el relato de unos y otras fue abismal: los médicos dijeron no recordar absolutamente nada o admitieron a regañadientes lo ocurrido. Las enfermeras se sentaron frente a los jueces y, pese a que estaban declarando contra militares y médicos, contaron la verdad con una valentía inusitada. Estas mujeres, en su mayoría de edad avanzada y trabajadoras, marcaron una línea ética que está en sintonía con lo que ha sido la pelea denodada de las Abuelas, y el coraje que exhibieron brilló frente a la cobardía o la connivencia repugnante de los médicos.

En nuestro alegato, pedimos que los acusados sean condenados a prisión perpetua. Para hacerlo, tuvimos que recurrir a un planteo novedoso pidiendo que se aplique la recientemente incorporada figura de desaparición forzada respecto de lo ocurrido con el hijo varón. Lo hicimos con el convencimiento de que es lo correcto, no sólo por los sólidos argumentos jurídicos que tenemos, sino porque consideramos que el mensaje simbólico de la sentencia tiene que estar muy claro: en Argentina de ninguna forma se toleran crímenes tan aberrantes como la apropiación. Esperamos que los jueces estén a la altura de las circunstancias y lo demuestren hoy dictando una resolución acorde con la gravedad de los hechos juzgados. Y ojalá esta sentencia también anime a más personas a aportar elementos para que podamos saber qué pasó con el mellizo y pronto festejemos su encuentro.

* Abogada representante de la querella.

Juicio oral para un médico que asistía los partos de las secuestradas en Campo de Mayo

Un médico traumatólogo que asistía a parturientas privadas ilegalmente de su libertad en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante la dictadura será sometido a un juicio oral acusado de secuestros, torturas y "sustracción, retención y ocultación de menores y supresión de estado civil".
El fiscal federal Federico Delgado, en un dictamen de 33 carillas,
solicitó la elevación a juicio oral a Norberto Atilio Bianco, de 65 años, quien se desempeñó en ese centro asistencia entre enero de 1977 y diciembre de 1983, y actualmente detenido en la Unidad Médica del penal de Marcos Paz.

Delgado tuvo por acreditado que Bianco tuvo actuación en la "atención de las pacientes embarazadas y que acompañó a enfermeras en sus controles, asistió cesáreas, participó en el traslado de las parturientas utilizando su propio vehículo y permitió que las internaciones y nacimientos no fueran debidamente registrados".

"Es decir, no se anotaron los datos filiatorios de las mujeres y bebés, quienes quedaron anotados como `NN` en el Libro de Registros de Nacimientos del hospital" explicó el representante del ministerio público, quien concluyó que "quedó comprobado" que el represor "tenía pleno conocimiento de esa actividad ilícita y quedó comprobado que participó en los hechos atribuidos".

Por los mismos delitos (existencia de un "plan sistemático" para la apropiación de bebés) el Tribunal Oral en lo Federal 6 lleva adelante otro proceso en el que están siendo juzgados, entre otros represores, Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone.

En esta oportunidad Delgado sostuvo que las parturientas "eran llevadas al área de epidemiología, donde permanecían con los ojos vendados y esposadas a la cama en una habitación, custodiadas por personal vestido de civil".

"Los niños eran llevados a la nursery y se les colocaba una tarjeta que decía `NN` y no había registros de ellos ni de sus madres", recordó Delgado, al tiempo que consideró que existen pruebas "prístinas" del accionar de los represores.

"Este proceso que finalmente se encamina hacia la etapa de juicio oral, también contribuirá a exponer y debatir ampliamente cuanto ocurrió en general en nuestro país entre los años 1976 y 1983, aunque es un proceso muy particular debido a que atrapa al tratamiento y destino de los niños que fueron separados de sus padres, o bien que nacieron en los centros clandestinos de detención", añadió.

Delgado aludió al "plan global de aniquilamiento" llevado adelante por los represores, en el cual "la sustracción de menores fue una dimensión de ese plan criminal" que constituyó "una sucesión de conductas concatenadas entre sí, cuya finalidad fue la de separar a los menores de sus familias de origen para insertarlos en el seno de familias extrañas".

"Consideramos completa la instrucción por los hechos antes descriptos, y, en consecuencia, solicitamos la elevación a juicio de la presente causa con los alcances de este requerimiento de elevación", concluyó el fiscal en su presentación ante el juez federal Daniel Rafecas.

martes, 18 de octubre de 2011

Piden 23 y 18 años de cárcel para la pareja acusada de apropiarse de un hijo de desaparecidos

La querella pidió una pena de 23 años de cárcel para el suboficial de inteligencia del Ejército Luis Tejada y 18 años de prisión a su esposa, Raquel Quinteros, por la apropiación del joven Jorge Guillermo Martínez Aranda, hijo de una pareja de desaparecidos.

Las querellas unificadas de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y Emilio Goya, medio hermano del joven apropiado, consideraron que Tejada “es co-autor penalmente responsable del delito de retención y ocultación de un menor y autor de los delitos de alteración del estado civil de un menor, uso de documento falso y falsedad ideológica en instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas”.

Por su parte, para los querellantes, Quinteros es “co-autora penalmente responsable del delito de retención y ocultación de un menor, artículo 146 del Código Penal, y partícipe necesaria de los delitos de alteración del estado civil, uso de documento falso y falsedad ideológica en instrumento público”.

Los abogados de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, María Inés Vedia y Mariano Gaitán, consideraron que “no resulta ser un atenuante” el hecho de que el apropiado considerara al matrimonio Tejada-Quinteros como “sus padres del corazón”, porque entendieron que “el Tribunal debe juzgar la conducta de los imputados y no los sentimientos de la víctima”.

Además los letrados solicitaron al Tribunal Oral de San Juan, que “declare que los hechos juzgados configuran el delito internacional de desaparición forzada de personas, en perjuicio de Jorge Guillermo Martínez Aranda, hijo de Luis Francisco Goya y María Lourdes Martínez Aranda”.

También pidieron que el delito, “se declare crimen de lesa humanidad, que formó parte del ataque sistemático y generalizado contra la población civil, perpetrado por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura sufrida en nuestro país”.

También pidieron enviar al juzgado de primera instancia los antecedentes para que los hermanos del suboficial, Oscar Alfredo Tejada y María Esther Tejada, sean procesados por falso testimonio o como co-autores del delito de “ocultación del menor”.

Por último, los abogados querellantes también pidieron que el testimonio del testigo protegido Antonio Cruz, sea remitido al Tribunal Oral Federal 6 de la Capital Federal, “por resultar de interés en el marco de la causa 1351, donde se juzga la responsabilidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas por la implementación de un plan sistemático de sustracción de niños, hijos de desaparecidos”.

miércoles, 12 de octubre de 2011

Testimonio Carla Artes, apropiada por Eduardo Ruffo

“Me restituyeron el nombre y el amor”

Después de vivir veinticinco años en España junto a su abuela Sacha, Carla Artes volvió a la Argentina y reiteró ayer ante el tribunal que Ruffo abusaba de ella y se fugó cuando su abuela la encontró. El represor pidió no estar en la audiencia.

 Por Alejandra Dandan

Cuando Carla Rutila Artes vio por primera vez su foto en televisión y a una señora que decía que la estaba buscando, le preguntó a Eduardo Ruffo quién era esa mujer. El parapolicía, que integraba la banda de Aníbal Gordon, le respondió que era “una vieja bruja” que la buscaba para sacarle la sangre. Tiempo después, cuando finalmente Carla conoció su historia, un juez le presentó a su abuela biológica. “Entra mi abuela y creo que conocer a la vieja bruja fue lo mejor que me pasó en mi vida; el proceso con ella indudablemente fue complicado, pero hay dos cosas que se me restituyen en ese momento: el nombre y el amor, porque con Ruffo tenía todo lo material, pero carecí de todo eso”.

Carla Rutila Artes declaró en la audiencia del plan sistemático de robo de bebés como el año pasado lo hizo en el juicio por los crímenes de Automotores Orletti, base del Plan Cóndor en el país. Esa vez, Carla se sentó frente a su apropiador, que permaneció en la sala para escuchar, entre otras cosas, la primera denuncia que ella se animaba a hacer públicamente sobre la condición de abuso a la que él la sometió desde los tres a los nueve años. Esta vez Ruffo no estuvo presente en la sala. Antes de que empiece la audiencia pidió al Tribunal Oral Federal 6 una autorización para retirarse a la alcaidía. Ruffo se fue. Carla entró. Habló de su historia sin la obligación de esquivar la mirada que el año pasado la hundió durante varias semanas en sus más pesados fantasmas.

Ella volvió al país hace unos meses después de 25 años de vida en España. En el cuerpo lleva la marca de una disminución de la escucha, producto de los golpes de quien la situó durante años como su hija. Se sentó con la cabeza de costado, para escuchar las preguntas. Les pidió a los jueces la compañía cercana de la coordinadora del centro Ulloa de asistencia a las víctimas, para poder sostenerse.
Cuando lo bueno desaparece

A Carla la secuestraron en Bolivia el 2 de abril de 1976 con su madre, Graciela Rutila Artes, dirigente estudiantil en Oruro. “A mí me llevaron a un orfanato, me condenaron a desaparecer desde ese momento, sé que a mi madre la llevaron al Ministerio del Interior de La Paz. El 24 de agosto nos reúnen nuevamente, me sacan del orfanato en medio de un operativo bastante impresionante, a ella la llevan a la cárcel de mujeres y sé que gracias a la denuncia que empezaba a hacer mi abuela hicieron que la Cruz Roja boliviana presenciara la situación. La obligaron a firmar un papel como que estábamos en perfecto estado de salud y el 29 de agosto de 1976 nos trasladaron de Villazón a la Argentina.”

Participaron la Policía Federal argentina y el Servicio de Inteligencia, pese a que hacía tiempo que ninguna de las dos estaban en el país. En Orletti, Carla tenía un año y tres meses. “Yo sé que debo haber estado tres semanas, como mucho un mes. Me acuerdo del suelo, la altura de una canilla, los pitidos del tren: eso no se me olvidó nunca, porque al día de hoy sigo teniendo los pitidos frecuentes adentro del oído.”

Un sobreviviente situó a su madre en ese espacio, pero después nadie supo más nada de ella porque, como su militancia estuvo en Bolivia, en el país nadie la reconoció. “A mí me sacan en esos días y me llevan a Magister, que era una empresa regenteada por Otto Paladino, un lugar encubierto donde trabajaba la Triple A con Eduardo Alfredo Ruffo, Aníbal Gordon. A días de estar ahí, fui apropiada por Ruffo. Me inscribieron como Gina Amanda Ruffo, nacida el 26 de junio de 1976, figuro haber nacido en el seno de esa familia, como hija de él y de Amanda Cordero de Ruffo.”

Los Ruffo tuvieron un hijo un año más tarde. “Nunca me dijeron nada: es decir que yo viví desde el ’76 hasta el ’83 con relativamente alguna normalidad de ir al colegio, de vida normal entre comillas, dentro de lo que se puede considerar una vida normal hasta que este señor Ruffo empieza a ser investigado por la Justicia y en enero de 1984, cuando era inminente el arribo de mi abuela al país porque había nueve denuncias por mi caso, él tuvo cierta urgencia de ponerse prófugo.”

En la sala, el fiscal Martín Niklison hizo la primera parte de las preguntas. “Cuando uno lo ha pasado tan mal y ha tenido una infancia tan infeliz lo poco de bueno desaparece: los únicos recuerdos de la infancia son junto a mi hermano, mi infancia fue una infancia llena de violencia psicológica y física y de abusos sexuales de los 3 años a los 10 años.”
La búsqueda

Con Ruffo prófugo, ellos cambiaron de casa cada tres meses. Carla quedó desescolarizada dos años. “No podíamos salir a la calle, con lo cual yo era el origen de todos sus males: me teñían el pelo todo el tiempo, buscaban la forma de esconder esta carita que era tan parecida a cuando era chica.”

En los vaivenes hubo comilonas y asados con los agentes de la Triple A y de seguridad, rondas de veinte personas con hijos y mujeres. Estaba Gordon, su hijo, el yerno de Otto Paladino. En la sala le preguntaron por las armas. Carla habló de Cariló, una casa con una puerta hacia abajo donde había armas y un arsenal “bastante grande”. “Nunca me olvidaré de una de ellas porque todavía me da pánico –dijo–: era un arma tipo alemana, me di cuenta de que la usaban los nazis.”

El 11 julio de 1984 Carla se vio en televisión. Matilde Artes estaba en la pantalla con fotos de su hija Graciela y de la nieta Carla de año y medio: “Cuando la veo a ella en televisión me reconozco”, dijo. “Las fotos eran de un bebé de un año y medio con el mismo pelito rosado que tenía yo en las fotos que ellos me habían sacado. Y la respuesta de él, aparte de la tremebunda paliza para que no volviera a preguntar nada, es que ella era una vieja bruja que te está buscando para sacarte la sangre.” Después vino un afiche en la calle, Carla mirando en el afiche la imagen de Ruffo y la palabra buscado. La idea de que algo no estaba bien. El operativo en la casa. La detención y un juez que le explica su historia.

“Me dice que no me llamaba como me llamaba sino que me llamaba Carla y que mis padres estaban desaparecidos; y que mi abuela hacía 9 años que me estaba buscando: creo que uno de los actos más importante de mi vida fue cuando me restituyeron mi nombre y no me he dejado de llamar Carla.”

domingo, 9 de octubre de 2011

El por qué de la perpetua para todos

Los querellantes solicitaron la pena máxima para los seis represores acusados por la sustracción y sustitución de identidad de los hijos de Raquel Negro, ya que pidieron que se les aplique la figura de la desaparición forzada de personas para el caso del mellizo varón. La semana próxima será el turno de los abogados defensores.

 Por Juan Cruz Varela
Desde Paraná

Los propios querellantes reconocen haber formulado una acusación tan novedosa como osada para un juicio por robo de bebés, al solicitar que se aplique la figura penal de la desaparición forzada de personas para el caso del mellizo varón que Raquel Negro dio a luz en el Hospital Militar de Paraná mientras se encontraba privada de su libertad.

Así, el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Entre Ríos incorporó otro elemento que podría sentar un precedente judicial.

En su alegato, los abogados querellantes apelaron a una figura incorporada este año al Código Penal y que castiga "al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona" y considera que el hecho se verá agravado "si la víctima fuere una mujer embarazada o una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre".

Esta postura implica un cambio en el panorama que enfrentan los acusados Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto, Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino Héctor González, Walter Salvador Pagano y Juan Antonio Zaccaría; y esto es así en virtud de que todavía se desconoce el paradero del mellizo varón. Si el tribunal admite esta tesis legal, los represores serían condenados a prisión perpetua. Pero, a sabiendas de que su tesis podría no ser recepcionada, los querellantes realizaron un pedido subsidiario para que se dicte una condena a 25 años de prisión, por considerar que se trata de dos hechos independientes de sustracción, retención y ocultamiento de menores y supresión de sus estados civiles, lo que duplicaría las penas previstas por cada caso.

Los fiscales Marina Herbel y José Ignacio Candioti, en cambio, coinciden en que se trata de dos hechos de sustracción de menores y supresión de estado civil, pero entienden que el criterio para el pedido de penas debe ser el que regía al momento en que se cometieron los delitos, en virtud del derecho de los acusados a que se les aplique la ley penal más benigna, y por eso pidieron 14 años de prisión para Guerrieri ﷓el máximo posible﷓, 13 años para Fariña, Amelong y González, como autores mediatos; y 11 años Pagano y el médico Zaccaría, como partícipes necesarios.

Este asunto es parte de un debate jurídico no saldado aún. Hay quienes consideran que se trata de un delito de acción continuada, que en el caso de Sabrina Gullino cesó recién en el año 2008, pero que se mantiene para su mellizo; otros, en cambio, entienden que debe aplicarse el principio de la ley más benigna, vigente al momento en que se cometieron los delitos. Ese es el contrapunto central entre la segunda postura de los querellantes y la acusación del Ministerio Público Fiscal.

En la vereda de enfrente, los abogados defensores, que realizarán sus alegatos a partir del jueves, es posible que planteen que la sustracción de menores y la sustitución de identidad no configuran delitos permanentes y ni siquiera son de lesa humanidad y, por lo tanto, podrían pedir la prescripción de la acción penal, a pesar de que esa cuestión ya ha sido saldada por la jurisprudencia.

Lo que se probó

Como sea, los acusadores coincidieron en que Raquel Negro fue trasladada a dar a luz en el Hospital Militar de Paraná, procedente del centro clandestino de detención La Intermedia, y que permaneció al menos 15 días en la sala de guardia, donde estuvo custodiada por agentes de inteligencia vestidos de civil que se rotaban cada 24 horas.

Asimismo, consignaron que el parto fue atendido por médicos que no pertenecían al nosocomio castrense y que tras el alumbramiento del varón, la madre lo arropó durante unos instantes hasta que unos hombres se lo llevaron; luego nació la nena.

Enseguida, los mellizos fueron internados como NN en la sala de terapia intensiva y luego trasladados al Instituto Privado de Pediatría (IPP), adonde la nena ingresó el 4 de marzo y el varón el 10 de marzo, en su caso sin identidad. "No sabemos dónde estuvo el nene en esos seis días", advirtieron los querellantes.

Ambos egresaron del instituto privado el 27 de marzo y la nena fue dejada esa misma noche en el Hogar del Huérfano, en las afueras de Rosario, y luego dada en adopción legal. Hoy se sabe que se trata de Sabrina Gullino, hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, quien recuperó su identidad en 2008. "El destino del niño aún es incierto, continúa como desaparecido", apuntaron los abogados.

En ese sentido, consideraron que los represores trazaron una "versión falseada" para pretender que el mellizo varón había fallecido, con el objetivo de que nadie siguiera buscándolo. Los querellantes destacaron que Guerrieri, Fariña, Amelong, González y Pagano "son coautores por dominio funcional del hecho, por haber integrado un grupo que actuaba en la clandestinidad y en forma organizada; mientras que Zaccaría no tenía control sobre el destino de Raquel Negro, pero prestó una ayuda sin la cual el hecho no pudo haberse cometido" y concluyeron que en el caso de los integrantes de la patota, "el dominio del hecho les corresponde a todos; no son autores de partes sino coautores del todo"; mientras que el médico hizo aportes "imprescindibles" y "esenciales" para la concreción de los hechos.

martes, 4 de octubre de 2011

“Es una tortura psicológica”, dice Chicha de Mariani sobre las declaraciones de Etchekolatz

La mujer, que busca a su nieta secuestrada durante la última dictadura, contó que el ex segundo de la Bonaerense se negó ayer a aportar los datos que dijo tener. Cree que su objetivo es extorsionar a los que tienen a la joven o torturarla a ella.

 Por Ailín Bullentini

“No tengo ninguna duda de que sabe qué pasó con mi nieta. Pero no tiene intención de decirlo, sólo quiere someterme”, consideró Chicha de Mariani respecto de los dichos en los que el represor Miguel Etchecolatz aseguró tener datos de su nieta de- saparecida, Clara Anahí. “Poca esperanza” en los aportes; “mucha pena”, aseguró tener la Abuela de Plaza de Mayo, quien busca a su nieta, desaparecida desde la misma noche de 1976 en la que policías represores asesinaron a su nuera. Ayer, el comisario retirado, que ya cumple una condena por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y que afronta otra por aquellos cometidos en el conocido Circuito Camps, se negó “rotundamente” a ampliar los “datos y elementos de prueba sobre el destino de Anahí” que supuestamente tiene en su poder, según dijo durante la declaración que prestó el lunes ante el Tribunal Oral Federal No1 de la Plata. “Dice que esperará a que termine el juicio para decirme qué pasó. ¿Qué pretende con esa espera? O él o yo terminaremos nuestras vidas”, concluyó Mariani.

–¿Cree que Etchecolatz tiene realmente la intención de aportar datos para encontrar a Clara Anahí?

–No. Me parece que los está negociando, está extorsionando a quienes tienen a la niña, o me está torturando a mí, una tortura psicológica. Ojalá este hombre tuviera un rasgo de humanidad y terminara con este infierno en el que vivo. No sé qué busca, es una más de sus canalladas. Hoy (por ayer) le dimos la posibilidad de que hable, y se echó atrás.

–¿Qué le propusieron?

–Sólo se le ofreció la posibilidad de concretar una entrevista con Juan María Ramos Padilla (amigo cercano de Chicha, juez de instrucción). El Tribunal aceptó la iniciativa, pero Etchecolatz se negó rotundamente. Yo no voy a ir, no quiero verlo. Ramos Padilla iría en mi representación esta misma tarde (por la de ayer) para escuchar lo que supuestamente sabe sobre mi nieta. Dijo que hablará después del juicio. Pero no voy a esperar un año y medio o dos para ese final. ¿Qué pretende con esa espera? O él o yo terminaremos nuestras vidas.

–¿Tienen alguna alternativa?

–Tomaremos otros caminos, pero aún no los hemos pensado. Declararé el miércoles que viene en el marco del juicio. Pienso decir todo lo que siento. y lo que deseo y lo que espero. Y después de eso, seguiré luchando.

–¿Etchecolatz es el único represor que está vivo y que puede tener datos de su nieta?

–Hay varios más. (El ex custodio de Etchecolatz, Norberto) Cozzani, (los policías) Carlos “Oso” García y Hugo Gullama, otros dos bonaerenses... Todos ellos participaron del operativo en el que asesinaron a mi nuera y se llevaron a Clara Anahí. Ellos saben perfectamente qué pasó. Muchas más personas deben saber, aquellos que mantuvieron relaciones de poder con esta gente. Cuando se llevaron a Clara Anahí me acerqué a la Iglesia (a la capilla Stella Maris) y el capellán me dijo que a mi nieta la tenía una familia de mucho poder. Mucha gente sabe, pero hicieron un pacto de silencio tremendo que no sé a qué atribuir. Pasaron 35 años y siguen mudos. Esta es la primera vez que se fisura, pero solo para molestar.

–¿Tiene alguna sospecha de quién puede llegar a ser esa familia poderosa que se apropió de su nieta?

–Sospechas tuve muchas a lo largo de todos estos años. Se hicieron análisis (de ADN) que no dieron compatibles. El último tramo de la búsqueda estuvo signado por este presentimiento mío de que Clara Anahí es Marcela Noble Herrera. Pero esa hipótesis también quedó en la nebulosa. Hay dos chicas más que se hicieron los análisis en estos días, pero ya no me hago ninguna ilusión hasta no tener los resultados sobre la mesa.

–¿Es la primera vez que escucha a Etchecolatz decir que tiene datos de su nieta?

–Es la primera vez. Se le ha preguntado muchas veces por información sobre la desaparición de mi nieta, y siempre negó saber nada. Nunca dijo nada. Ayer (por el lunes 3/10/2011) mis dudas se confirmaron y siento pena. Ya tengo muchos años; tener que ponerme a pensar qué es lo que quiere, qué persigue con esto no es justo. Hubiera querido que la Justicia llegara antes (en el sentido del comienzo de los juicios por delitos de lesa humanidad). Estoy buscando a Clara Anahí, aportando datos a la Justicia, desde el día siguiente a su de-saparición. Siempre trabajé con la Justicia, además de buscarla hasta debajo de la tierra.

Con nuevas indagatorias de Amelong y Guerrieri, se reanudó el juicio por robo de bebés en Paraná

Fariña y Guerrieri participaron de las inspecciones oculares, que cerraron la etapa de producción de prueba.
Sin sorpresas, los represores Juan Amelong y Pascual Guerrieri volvieron a hacer uso del derecho a declarar, a fin de ratificar los conceptos que esbozaron a lo largo del juicio por el funcionamiento de una maternidad clandestina en el Hospital Militar de Paraná. Así, en su extensa indagatoria, Amelong insistió en desvincularse de los hechos y reclamó que se investigue a los propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP) respecto del destino del hermano mellizo de Sabrina Gullino. El imputado abundó en detalles que no hacen a la causa, y buscó desacreditar a algunos testigos claves. Mientras que Guerrieri volvió sobre los fundamentos de lo que llamó “guerra revolucionaria”, para justificar el genocidio que tuvo lugar en Argentina entre 1976 y 1983. Por otra parte, brindó testimonio un periodista que entrevistó a Pablo Martín Navone -hijo del ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122 Paul Navone-, y quien no podrá comparecer porque viajó a España. Para este miércoles 5 de octubre, se prevé el inicio de los alegatos. Por Betiana Spadillero Gaioli,

Este martes se reanudó el juicio por sustracción y sustitución de identidad, que se sigue en el Tribunal Oral en lo Criminal de Paraná. El debate había pasado a un receso tras el cierre de la etapa probatoria, que incluyó unas 40 testimoniales y las inspecciones oculares al nosocomio castrense y el IPP.

Al inicio de la audiencia, el abogado querellante Álvaro Piérola pidió la declaración de Pablo Martín Navone. La solicitud se basó en la entrevista publicada en un matutino local al hijo del ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122, no obstante éste viajó a España y regresará el 28 de octubre.

Por otra parte, se ingresó la prueba documental, incluida la declaración en instrucción del socio del Instituto de Pediatría Eduardo Rossi. Una vez finalizada esta instancia, se fijó el comienzo de los alegatos para este miércoles a las 9, siendo las querellas las encargadas de inaugurar la jornada.

Son juzgados por crímenes de lesa humanidad los militares de Inteligencia Juan Daniel Amelong, Pascual Oscar Guerrieri, Marino Héctor González y Jorge Alberto Fariña; el agente civil de Inteligencia Walter Salvador Dionisio Pagano y el médico militar Juan Antonio Zaccaría.

Amelong pidió que se investigue a los médicos del IPP

El imputado realizó un repaso pormenorizado sobre sus funciones en el Ejército, desde que cursó en el Colegio Militar. El detalle fue a los fines de determinar que a lo largo de su carrera estuvo destinado “muchísimas veces en el Área de Logística”. Puntualmente, indicó que en 1977 fue “comisionado al Destacamento de Inteligencia 121”, donde aseguró que su actividad estaba vinculada al mantenimiento de los equipos.

En esa línea, apuntó: “En el ‘80 es la primera vez que hago un curso de Inteligencia. Es decir que mis actividades antes de esa fecha estuvieron absolutamente relacionadas con cuestiones mecánicas”.

Asimismo, sostuvo que entre “el 15 de febrero del ‘78 y 15 de marzo de ese año” estuvo de licencia. Incluso remarcó que en esa oportunidad viajó al exterior, pero que la persona que lo acompañó falleció y no puede certificar su afirmación.

Más adelante, refirió a los destinos que le fueron asignados, como Mendoza, La Rioja, Zárate, y sus intentos por participar en la guerra en las Islas Malvinas. También subrayó su disposición para comparecer ante la Justicia.

Como se estimaba, el represor abundó en precisiones que no hacen a los hechos que se investigan en la causa. Aludió a sus hobbies, intereses personales e incluso exhibió fotografías que no aportaron dato alguno.

De la misma manera, volvió sobre los argumentos esbozados en el juicio oral y público realizado en Rosario. Al respecto, reiteró que según documentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el predio donde funcionó el centro clandestino La Intermedia (y donde asesinaron a los detenidos políticos que fueron trasladados desde la Quinta de Funes) estaba “rentado en el ‘78”.

En una segunda parte de su ampliación, Amelong destacó que “en la instrucción se han dividido los hechos en tres momentos fácticos”, los cuales desmenuzó. “Un primer hecho es la detención y muerte de Raquel Negro, que ya fue juzgada en la causa de Rosario, por ende no me voy a explayar al respecto. Luego está el traslado y alumbramiento de los mellizos. Si las fechas que figuran en la causa son ciertas, en esa época yo estaba de licencia y no cumplía funciones en Paraná”, detalló.

Respecto del tercer momento, se extendió sobre las manifestaciones de Eduardo Tucu Costanzo: “No voy a hacer una valoración de sus dichos, pero quiero remarcar hechos sucedidos durante el proceso que se me siguió en Rosario y acá”, explicó. En ese sentido, resaltó que el represor “no tiene cómo comprobar sus dichos, porque son de un tercero que los niega”, y se abocó a señalar las “contradicciones” del deponente, cuetsionando su veracidad.

También ratificó que Costanzo tiene una “gran animosidad” hacia su persona, tras lo cual insistió sobre las presuntas amenazas del militar. En relación a la denuncia por los vuelos de la muerte, dio explicaciones técnicas para sostener la imposibilidad del testimonio.

Posteriormente, aludió a las declaraciones de Jaime Dri y Miguel Bonasso. El acusado de delitos de lesa humanidad buscó desprestigiar al ex detenido político: “Lo que queda claro es que el discurso de héroe referido a (Edgar Tulio) Valenzuela y a Dri está desmentido por los copartícipes de la organización terrorista Montoneros”, asentó. A su vez, citó el libro Recuerdo de la muerte, enfatizando que se trata de un relato novelado, que “muestra pero no demuestra”, por lo que desestimó los relatos reproducidos en la obra del periodista.

Finalmente, evaluó que “si hay alguien que sabe el destino de esa criatura (el hermano mellizo de Sabrina Gullino), de no haber fallecido, son los médicos del Instituto de Pediatría”. Y acotó: “A uno de ellos no lo pudimos oír, pero a los otros tres se les marcó su notable reticencia y espero que se sigan causas al respecto. No saben dar explicaciones sobre lo que vieron esos días, pero por favor, como puede pasar eso”.

Las partes prefirieron no realizar preguntas al represor.

Un periodista aludió al diálogo con el hijo de Navone

Luego de un cuarto intermedio, Juan Cruz Varela refirió a la entrevista publicada en El Diario a Pablo Martín Navone. “Nos parecía de interés periodístico el testimonio de alguien que debería estar en el banquillo de los acusados, pero como se había matado no estaba presente. Entonces tomamos contacto con el hijo y una vez que accedió, coordinamos las condiciones del encuentro”, relató.

Enseguida, apuntó: “Su padre conocía que podría ser involucrado en la causa y empiezan a tener diálogo sobre lo que había sido su accionar. En ese momento, le refiere que como integrante del Destacamento de Inteligencia estaba cumpliendo funciones en Paraná, y que le asignaron recibir a Raquel Negro”. En cuanto al parto de la detenida-desaparecida, indicó que el entrevistado supo que “el varón había nacido muerto y que a la nena se la habían llevado Amelong y Pagano, y que la habían llevado a un orfanato en Rosario”.

Consultado por el fiscal José Ignacio Candioti sobre las condiciones de la entrevista, el deponente aclaró que no fue grabada y que se realizó antes de que el hijo del militar viajara a España. También expresó que Navone “estaba al tanto del desarrollo de la causa y refirió específicamente a la declaración de Costanzo”.

Otra vez declaró Guerrieri

El imputado reafirmó que “todo esto que pasó estuvo en el contexto de una guerra revolucionaria que tuvo lugar en el continente”, en referencia al terrorismo de Estado. A fin de justificar esa afirmación leyó párrafos del libro Nadie fue de Juan Bautista Yofre, y volvió sobre los conceptos delineados en indagatorias anteriores.

Por otra parte, con suma ironía caracterizó a los testigos que presentó la querella, los cuales interpretó que “dejaron mucho que desear”. En esa línea, Guerrieri cargó contra los deponentes, entre ellos Dri y Bonasso.

La causa

La investigación tuvo su inicio en la denuncia realizada el 18 de mayo de 2005 por el entonces coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano. En la presentación hizo referencia a dos clases de hechos: la internación de mujeres en estado de gravidez en el Hospital Militar de Paraná, quienes se hallaban privadas ilegítimamente de su libertad; y el asesinato y entierro clandestinos de personas en el Escuadrón Comunicaciones.

En ese contexto, se investiga la apropiación de los hijos de Negro, quien fue detenida ilegalmente al igual que su pareja Edgar Tulio Valenzuela y su hijo menor Sebastián Álvarez, el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata. La mujer fue trasladada desde la Quinta de Funes en Rosario hasta el nosocomio castrense, donde dio a luz a los mellizos.