jueves, 29 de marzo de 2012

Juicio por la infancia robada

El juicio por la apropiación de niños y niñas por la dictadura de Argentina (1976-1983) está próximo a concluir tras 36 años de labor de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que hasta ahora logró restituir la identidad a 105 personas.

El enjuiciamiento de 10 represores por el secuestro y robo de una treintena de menores entra en la etapa de alegatos esta semana y se espera la sentencia para fines de mayo, dijo el abogado Alan Iud, de Abuelas, como se conoce a esta organización creada por madres de detenidos-desaparecidos para buscar a sus nietos apropiados por la represión militar.

Los imputados están acusados por sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de 10 años. Pero algunas de estas personas desaparecidas recién nacidas o con muy pocos años de vida solo ahora están recuperando su identidad, cuando tienen más de 30 años.

En algunos casos, esos menores fueron secuestrados junto a sus padres y en otros nacieron mientras sus madres estaban en prisión clandestina. Abuelas de Plaza de Mayo, precisamente, nace de un grupo de madres de esos detenidos-desaparecidos que se organizó para reclamar por la aparición de sus nietos, a los cuales no cejan de buscar.

“Yo viví 32 años y medio con ellos”, contó Francisco Madariaga, refiriéndose al tiempo en que se llamó Alejandro Gallo y creyó ser hijo del exoficial de Inteligencia del ejército Víctor Gallo, acusado en este juicio por apropiador. Madariaga comenzó a rechazar al militar desde los 16 años porque era un hombre “muy violento”. “Yo era su juguete de guerra, me veía y veía al enemigo”, narró. Añadió que desde los 20 años vivió angustiado y con dudas sobre su identidad.

El miedo y la culpa lo relevaban de preguntar a sus allegados quién era, y solo a los 32 años, impulsado por amigos, se animó a ir a la oficina de Abuelas y se sometió al análisis de ADN (ácido desoxirribonucleico) en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que confirmó su verdadera identidad.

Este joven nació en el campo de concentración de Campo de Mayo, sede del ejército, donde estaba prisionera su madre, la joven médica cirujana Silvia Quintela, secuestrada en enero de 1977 con cuatro meses de embarazo y que aún continúa desaparecida. El de Francisco fue uno de los pocos casos de apropiación en los que sobrevivió alguno de los padres biológicos. Su progenitor, Abel Madariaga, pudo salir del país tras la detención y desaparición de su pareja y años después, tras regresar al finalizar la dictadura, pasó a ser miembro del consejo directivo de Abuelas e hizo de la búsqueda de su hijo una profesión.

Ahora este joven, que se relaciona con su verdadera familia, tiene gran expectativa en el juicio. “Declaré y soy querellante. Espero ansioso la sentencia. Quiero que haya justicia, porque a muchos nos arruinaron la vida”, concluyó.

El abogado Iud explicó que el juicio no ventila todos los casos de niños robados o nacidos durante el cautiverio de sus padres sino de “un universo representativo de lo que ocurrió, no en uno, sino en distintos centros clandestinos de detención“.

Entre esos casos está el de los tres hermanos Ramírez. Tenían dos, cuatro y cinco años cuando su madre fue secuestrada y su padre estaba preso. A pesar de tener familia, los dejaron en un orfanato donde sufrieron abusos sexuales, maltrato y hambre por siete años.  También está el caso de Victoria Montenegro, quien denunció la complicidad del hoy fallecido coronel Herman Tetzlaff, su apropiador y asesino de su padre biológico, con el jurista Juan Romero Victorica, quien renunció el año pasado al cargo de fiscal de la Cámara de Casación Penal para evitar ser enjuiciado y destituido.

Según se estima en Abuelas, fueron cerca de 500 las niñas y niños apropiados en el marco de la represión ilegal, que dejó una estela de personas encarceladas, torturadas, asesinadas y, según registros efectivos hasta ahora, unas 13.000 desaparecidas, aunque los datos recogidos por organizaciones de derechos humanos aseguran que son unas 30.000.

El secuestro, apropiación y sustitución de identidad de esos niños no fueron delitos incluidos en las dos leyes sancionadas en los años 80 que permitieron a los militares acusados evadir los tribunales ni en el indulto dictado por el entonces presidente Carlos Menem (1989- 1999) a comienzos de su mandato, que liberó a los jefes de la dictadura condenados, varios de ellos a cadena perpetua, en el llamado Juicio a las Juntas Militares.

En ese resquicio legal se basaron los abogados de Abuelas para reclamar justicia. Así, se presentaron las querellas correspondientes en 1996, todavía con el indulto y las leyes del perdón vigentes. Esas disposiciones fueron anuladas solo en la década pasada a impulso del gobierno del hoy fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).

El definitorio juicio oral por los niños y niñas apropiadas comenzó hace 13 meses y tiene como principales imputados a los exdictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone, a otros exmilitares represores y al médico Jorge Luis Magnascco, que actuaba en los partos. Algunos acusados son también los apropiadores de los niños.

“Los delitos que se juzgan son los de apropiación, pero el objetivo de este juicio es mostrar también que hubo un plan sistemático para proceder ilegalmente con los niños y responsabilizar a Videla y Bignone”, que eran los jefes del régimen, remarcó Iud. En estos años, los querellantes lograron reunir múltiples documentos y testimonios que prueban que se ordenó proceder de determinada manera con las embarazadas, con el fin de que los niños se criaran en hogares “sin odio hacia las Fuerzas Armadas”.

También se demostró que había miembros de la Iglesia Católica, de la embajada de Estados Unidos en Argentina y del propio Departamento de Estado (cancillería) de esa potencia del Norte que conocían estos delitos y que lo ocultaron.
Marcela Valente · Argentina

miércoles, 28 de marzo de 2012

Abuelas pidió 50 años de prisión para Videla

En la última jornada de su alegato frente al Tribunal Oral Federal 6, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó además 25 años para el represor Juan Azic, 19 años para Santiago Riveros y 15 años para Oscar Franco y para el dictador Reynaldo Bignone. La titular del organismo Estela de Carlotto solicitó por una justicia "inclaudicable", para que "nunca más" se repitan los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar.

"En nombre de las Abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos hermanos, de los 30 mil detenidos-desaparecidos y de la mayoría del pueblo argentino, manifiesto que, sin que nos muevan sentimientos de odio, venganza o revancha, brindamos por arribar a la inclaudicable justicia, que sin dudas consolidará la democracia y asegurará el nunca más", setenció Carlotto.

Antes de entrar en la audiencia, que cerrará la etapa final de alegatos de Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés, el abogado del organismo, Alan Iud, explicó que "es difícil evaluar hasta dónde llegan los daños", porque "se suman otros delitos como el ocultamiento y apropiación de los menores y la supresión de sus identidades, mediante la falsificación ideológica de documentos públicos, por lo tanto, "se deben aplicar las máximas condenas" previstas en el Código Penal para los acusados.

Ayer, la querella organizó las pruebas sobre once mujeres embarazadas que parieron en la ESMA y describió el sector de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde parieron secuestradas. Explicaron cómo se establecieron las maternidades clandestinas en estos dos lugares, uno era el centro clandestino más importante de la Marina y el otro del Ejército.

El lunes, inició la parte final del juicio por el plan sistemático de robo de bebes que tiene en el banquillo de los acusados a los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone; el exgeneral Santiago Omar Riveros, el exalmirante Antonio Vañek, el excapitán de la Marina Jorge "Tigre" Acosta, el exprefecto Jorge Azic, el exmarino Rubén Franco y el exmédico del hospital Naval Jorge Magnacco.

martes, 27 de marzo de 2012

La complicidad de la Iglesia y los jueces

Segundo día del alegato

Los representantes del organismo de derechos humanos hablaron sobre las maternidades clandestinas, del rol de la Justicia y la Iglesia. Hoy finalizará el alegato adelantado el sábado por Página/12 con el pedido de las penas máximas para los acusados.

 Por Alejandra Dandan

Cuando los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo recordaron el testimonio de María Rosa Martí, la sala volvió a entrar a la Escuela de Mecánica de la Armada. “Un día nos dieron una mandarina y ese día me enteré de que estaban las embarazadas, ahí, en ese rincón, a mi derecha. Para comer nos teníamos que sentar. Me cae una mandarina y una voz de mujer que nunca supe quién era, me susurra: ‘Pasala para las embarazadas’. Me empezaron a caer una tras otra las mandarinas, o sea que toda la capucha sabía que había embarazadas. Fueron tantas las mandarinas que al otro día pasaban de derecha a izquierda, porque las embarazadas no las podían comer todas.” El segundo día de alegatos de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés fue intenso e inabarcable. La querella organizó las pruebas sobre once mujeres embarazadas que parieron en la ESMA y describió el sector de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde parieron secuestradas. Explicaron cómo se establecieron las maternidades clandestinas en estos dos lugares, uno era el centro clandestino más importante de la Marina y el otro del Ejército.

Durante el alegato, que terminará hoy con el pedido de las máximas condenas previstas en el Código Penal para los acusados, que podrían llegar a los 50 años, mencionaron también la responsabilidad de la Iglesia y del Poder Judicial. “Ambas fueron plenamente conscientes de la apropiación de niños, llegando a tener instancias de complicidad”, dijo el equipo de abogados. Recordaron las entrevistas de las Abuelas con quienes integraron la Corte Suprema de Justicia; los hábeas corpus; a la jueza Marta Pons, en Lomas de Zamora; al ex fiscal Juan Martín Romero Victorica en el caso de Victoria Montenegro o, entre otros, cuando el juez Gustavo Mitchell mandó decirle a Estela de Carlotto que se cuidara “porque por lo que hacía podía aparecer en una zanja”.

El dictador Jorge Rafael Videla permaneció sentado al lado del último presidente de facto, Reynaldo Bignone que, como en otros tiempos, le hizo de acólito. Cuando los arrebatos del sueño dormían al dictador, como el día anterior, Bignone le sacudió los brazos para devolverlo al peso insoportable del presente.

Sobre la Iglesia, los abogados enumeraron todas las intervenciones que arrojó el juicio: “Son numerosos los hechos que nos llevan a probar la complicidad orgánica que existió entre las juntas militares y la Iglesia Católica, en particular en el plan de sustracción de bebés”, dijeron. Entre las muchas referencias, mencionaron al Movimiento Familiar Cristiano (que hizo de intermediario en algunos casos), a las monjas de la congregación Hijas de la Misericordia de la 3ª Orden Regular de San Francisco, que estuvieron en Campo de Mayo. Y al sacerdote Federico Gogala, capellán militar de esa guarnición.

El día había empezado temprano. Entre el público estuvieron los nietos recuperados e hijos de muchos de los desaparecidos mencionados durante el juicio. Llegaron de a turnos, como pasándose la posta, Horacio Pietragalla, Catalina de Sanctis Ovando, Verónica Castelli y Camilo Juárez. Más cerca de los abogados de Abuelas estuvieron Abel y Francisco Madariaga, padre e hijo, cuya experiencia forma parte de esta causa.

Durante la tarde, la audiencia se interrumpió unos minutos. Alan Iud, uno de los abogados, leía la historia de búsqueda de las Abuelas. Mencionó a Buscarita Roa, cuando su consuegra la llamó para avisarle que no tenía a su nieta: “Habíamos presentado varios hábeas corpus, y me dice: ‘¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar a la nena’. Se suponía que la iban a entregar a los abuelos. Así es que me acerco a la Plaza de Mayo porque veo a la gente en las rondas. Y me encuentro con Clara Jurado, que me pregunta qué me pasa, y le cuento. Me dice: ‘Nosotros estamos en ésta también. Quedate con nosotros’. Empiezo a caminar con ella y me pasa un pañuelo blanco. Yo tenía mucho miedo de que me vieran del trabajo. ¿Qué iba a ser de mis otros seis hijos si me quedaba sin trabajo?”. En ese momento, el abogado se conmovió. La presidenta del Tribunal 6, María del Carmen Roqueta, habilitó un cuarto intermedio.

Hasta ese momento todo había sido intenso. El abogado Agustín Chit reconstruyó la escalofriante cronología con la que se organizó en la ESMA el espacio para las embarazadas y se “montó un protocolo de actuación con el fin de desalentar la resistencia de las futuras madres”.

“La llamada Sardá de Chamorro (por el jefe de la ESMA) o la Sardá por izquierda, que estuvo en el Casino de Oficiales, pasó por varias etapas.” Así se vio cómo el espacio estuvo primero en Capucha o Camarotes, donde las parturientas estaban como todos los demás. La segunda etapa comenzó en junio de 1977 con una celda convertida en la Pieza de las Embarazadas, con tres o cuatro camas y una mesa grande en el medio, ventanas tapadas con rejas, donde se hacían los partos. Para noviembre de 1977 las embarazadas fueron mudadas a otra habitación. La pieza funcionó hasta abril o mayo de 1978.

La regla, dijeron, era clara: los niños nacidos en cautiverio no debían ser enviados a sus familias. Devolverlos hubiera sido un tácito reconocimiento de su prolongado cautiverio, que había sido negado frente a los reclamos. Y, como el primer día, anclaron la desaparición y el robo de niños en la política de exterminio a los militantes políticos: “Es erróneo afirmar que la dictadura secuestraba a estas mujeres para robarles a sus niños. Su secuestro, si se le puede dar algún motivo, respondía a que eran militantes políticas”. Y advirtieron: “Como ya dijimos, las Fuerzas Armadas no dieron el golpe de Estado con el propósito de distribuir niños entre parejas infértiles, sino que su propósito, su detallado plan, fue exterminar a los militantes políticos revolucionarios. Y en la ejecución de ese plan decidieron que frente a los alumbramientos producidos, esos niños no vayan con sus familias, salvo que la madre también fuera liberada”.

El robo de bebés llegó a su tramo final

Los abogados de Abuelas anticiparon al tribunal que esperan un fallo que haga justicia con la magnitud del secuestro y el cambio de identidad de los hijos de los desaparecidos. Videla, uno de los acusados, dormitó y fue reprendido por los jueces.

 Por Alejandra Dandan

Casi al comienzo, un abogado del equipo de Abuelas de Plaza de Mayo les recordó a los jueces parte de lo que quedó pendiente en el Juicio a la Junta Militar. Sólo se juzgó al dictador Jorge Rafael Videla por seis casos de apropiación de bebés y se lo condenó sólo por uno. Eso dejó pendiente una definición de la Justicia sobre el robo de niños como un plan sistemático de la dictadura. “Por eso, señores jueces –pidió el abogado Alan Iud–, por el carácter histórico de este juicio, adelanto que no nos limitaremos a requerir la sanción de los imputados, sino que reclamaremos del Tribunal una decisión acorde con la magnitud de este proceso: que expresamente se declare que durante la dictadura militar se llevó adelante en nuestro país un plan sistemático de apropiación de niños, ejecutado orgánicamente por las Fuerzas Armadas y de seguridad.”

En los Tribunales de Comodoro Py empezó así el primer día de alegatos del juicio por el plan sistemático de robo de niños. La querella de las Abuelas de Plaza de Mayo empezó con este tramo final del juicio en el que se juzga a ocho represores, entre ellos jefes y subordinados de la dictadura. El últimamente locuaz Videla entró a la sala en silencio, esposado, rodeado por hombres del Servicio Penitenciario. Durante las más de seis horas de alegato siguió la lectura de las pruebas con cabeceos que en un momento exasperaron a la presidenta del Tribunal Oral Federal N° 6, la jueza María del Carmen Roqueta: “¿Puede la defensa decirle al acusado que no puede dormir durante el alegato?”, pidió. Reynaldo Bignone, el marino Rubén Franco, el general Santiago Rivero y el prefecto Jorge Azic ocuparon asientos cerca de los apropiadores de Francisco Madariaga Quintela, Víctor Gallo y Susana Colombo. Francisco se sentó en el otro extremo de la sala, dividida por un pasillo que funciona de frontera entre los dos mundos. A su lado, estuvo Estela de Carlotto, que en la apertura los definió como “genocidas y depredadores, peor que los animales, porque todavía reivindican sus crímenes”.

En la sala, delante y detrás del panel de vidrio que separa el público del estrado, se ubicaron los nietos. Paula Logares cerca de su abuela Elsa Pavón, paciente escucha de cada audiencia. Estuvo el ahora diputado Horacio Pietragalla, y entre otros, desde Chaco, llegaron Emilio Goya y también Laura Catalina de Sanctis Ovando.

Antes de enumerar las pruebas de los 35 casos del juicio –26 de los cuales son adultos que recuperaron su identidad– y las dinámicas de los centros clandestinos por donde pasaron sus madres, el equipo de abogados de Abuelas (integrado por María Inés Bedia, Florencia Sotelo, Colleen Torre, Germán Kexel, Emanuel Lovelli, Agustín Chit, Mariano Gaitán, Luciano Hazan y Alan Iud) presentó las líneas generales del plan y las pruebas adelantadas por este diario en su edición del sábado pasado.

“Como bien sabe el Tribunal, este proceso se inició hace más de quince años, con la denuncia de un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo, buscando alcanzar un poco de justicia por el despojo de sus nietos de sus legítimas familias –dijo Iud–. En un contexto de absoluta impunidad, era una muestra más de la incansable lucha de esas Abuelas, siempre por las vías legales, por la memoria, la verdad y la justicia.”

Las causas que llegaron a debate avanzaron “sin un criterio claro de selección” y “quedaron afuera potenciales imputados por hechos análogos”. De la mano de las demoras, dijeron, fallecieron muchos acusados con impunidad por este caso, como Emilio Eduardo Massera, Guillermo Suárez Mason o Cristino Nicolaides. Lo mismo sucedió con las abuelas.

Antes de pedirles a los jueces aquella definición jurídica aún pendiente, los abogados subrayaron la enorme cantidad de pruebas que produjo este debate. Acaso la más contundente, explicaron, fue el testimonio de veinte de esos niños apropiados: “Como es evidente, no hay prueba más contundente de la sistematicidad de la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado que los relatos de aquellos niños, hoy adultos, nacidos en los centros clandestinos de detención y criados en la mentira”, dijo Iud. Y para enfatizar la idea del plan, agregó que fue parte de una dictadura cuyo “objetivo fue erradicar la construcción de un país distinto”.

“Quien se pregunte si la dictadura militar tuvo por objetivo satisfacer los deseos egoístas de paternidad de algunos oficiales, suboficiales o familias vinculadas con aquéllos estará errando el punto de partida.”

Entre el público se agruparon otros nietos que no están en esta causa y algunos que siguen buscando a sus hermanos. La lectura de pruebas continuará durante el día de hoy y terminará posiblemente esta misma tarde con el pedido de condenas.

Los abogados situaron el primer caso de apropiación en 1976, apenas sucedido el golpe. Y explicaron que con el tiempo, el robo creó sus propias instituciones burocráticas: a partir de mediados de 1977, por ejemplo, aparecieron espacios para las maternidades clandestinas en el Hospital Militar de Campo de Mayo y en la ESMA.

Los militares “tomaron la decisión de que los niños no fueran devueltos a sus familias muy tempranamente”, dijeron. La separación se produjo de las más diversas formas: principalmente, por medio de la entrega a familias de represores o allegados, que los anotaron como hijos biológicos; en algunos casos excepcionales los entregaron a familias de las cuales no se conocen vínculos con el terrorismo de Estado o a través de procedimientos de adopción como mecanismo de “blanqueo”.

“Veremos, entonces –dijo el equipo–, que la suerte de estos niños estuvo atada a la de sus padres. Así, aquellas mujeres que dieron a luz en cautiverio, pero que fueron liberadas, como Paula Ogando, Celina Galeano o Marta Alvarez, no sufrieron la apropiación de sus hijos. En cambio, aquellos niños nacidos en cautiverio y cuyas madres continúan desaparecidas, no fueron entregados a sus familias. Esto se debe, precisamente, a que la sustracción sistemática integró el plan sistemático de desaparición de personas.” La devolución implicaba reconocer la existencia de los secuestrados, por eso “pretendieron que esas criaturas jamás llegaran a manos de sus familiares, así los convirtieron en desaparecidos en vida y con ello continuaron perpetrado la desaparición forzada de sus madres”.

Entre otras pruebas, mencionaron el memorándum de 1982 escrito por Elliot Abrams, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, luego de entrevistarse con el embajador argentino en Washington. Abrams proponía la mediación de la Iglesia para intervenir en estos casos. “Parece ingenua esa mención –dijo Iud– porque la Iglesia era plenamente consciente de la apropiación de niños, llegando a tener varias instancias de complicidad como diremos en este alegato.”

lunes, 19 de marzo de 2012

Pedido de indagatoria para ex juez por la apropiación de Manuel Gonçalves Granada

La fiscalía y la querella piden que sea indagado Juan Carlos Marchetti, quien entregó al niño en forma irregular. La solicitud había sido rechazada por el juez Villafuerte Ruzo, pero la Cámara de Apelaciones revisó la decisión y la consideró “prematura”.

 Por Alejandra Dandan

Los expedientes de lesa humanidad que intentan determinar la responsabilidad de los civiles durante la dictadura plantean discusiones que suelen reaparecer en distintos lugares del país. Eso sucede en este momento en San Nicolás con la larga causa por la apropiación de Manuel Gonçalves Granada. El fiscal federal Juan Murray y la querella pidieron una indagatoria para el entonces juez de Menores, entre otros funcionarios judiciales. Cuestionan que haya entregado al niño a una familia sin seguir los procedimientos necesarios como publicar edictos o una foto. Y que lo entregó a una familia que integraba sus relaciones de parentesco. El problema es que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, que está a cargo de la causa, no le dio lugar a la citación: rechazó la indagatoria y sobreseyó al ex magistrado. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revisó la decisión y la consideró “prematura”. Ahora, el fiscal y la querella encabezada por Ana Oberlin volvieron a pedirla y sumaron nuevas pruebas. El ex juez en cuestión es Juan Carlos Marchetti, que instruyó y sobreseyó a Luis Abelardo Patti y los policías que asesinaron a Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi en 1983.

La decisión de Villafuerte Ruzo es parte de una causa con años de demora. Manuel Gonçalves sobrevivió el 19 de noviembre de 1976 a la llamada Masacre de la calle Juan B. Justo, en la que un centenar de policías y militares asesinaron a su madre y a los Amestoy: padre, madre y dos niños, Fernando, de 3 años, y María Eugenia, de 5. Manuel estaba adentro de un colchón en el que lo puso su madre para protegerlo, con documentos falsos. En 2004, tras la anulación de las leyes de impunidad, él inició la causa: una parte, la de la masacre, prosperó y entra a juicio oral. Pero el tramo de su apropiación no sólo no avanzó: nunca consiguió que la Justicia citara a indagatoria a una sola de las personas que señala como responsables.

Entre esas personas está Marchetti, pero también Juan Delfín Castro, Juan Carlos Magni y Francisco García Cortina, que eran funcionarios judiciales. Villafuerte Ruzo los sobreseyó a todos, incluso a Marchetti, que es uno de los nombres más representativos del caso. Marchetti entregó el niño a una pareja, Claudio Luis Novoa y Elena Yolanda Rodríguez: ella era prima hermana de un primo hermano del juez, Eduardo Ernesto Larrañaga. A su vez, Larrañaga y su mujer, Esther Elida González, quedaron nombrados como padrinos de Manuel en el bautismo, un dato que se repite en varias causas de apropiación y, en general, señala a las personas que entregaron a los niños.

Para las querellas, ése es un argumento fuerte en contra del juez, pero sorprendentemente no es así para Villafuerte Ruzo: “Más allá del parentesco existente entre Larrañaga y Marchetti y entre la señora González y la señora Rodríguez –dijo–, no hay indicios serios que me hagan sospechar que había un conocimiento previo entre el juez y la pareja favorecida con la guarda provisoria del menor; circunstancia que de corroborarse tampoco hubiese implicado un apartamiento de la ley por parte del magistrado, toda vez que dicha posibilidad no se encontraba vedada por la normativa legal imperante en aquellos tiempos”.

En la nueva presentación, las querellas cuestionan ese criterio: “Esa afirmación es completamente falsa y por eso nos agravia: la ley imperante en aquel momento vedaba expresamente esa posibilidad a Marchetti”, dijo la abogada Oberlin, junto a sus compañeros Alvaro Baella y Lucas Ciarniello Ibáñez. “El artículo 393 del Código Civil incluye a ‘amigos íntimos’ de los ‘parientes hasta el cuarto grado’ del juez. Ello quiere decir que más allá de que Marchetti hubiera conocido o no a la pareja, ya incurría en la prohibición por el solo hecho de la amistad íntima de su primo con los guardadores, la cual él sí conocía.”

Pero el ex juez es cuestionado además por otras razones. La pareja que recibió el niño todavía no estaba casada, pero él dijo lo contrario. O sabiendo las características del operativo, le cuestionan que no haya publicado edictos o una foto para dar con la familia del niño, como lo hicieron otros juzgados. Las querellas recuerdan que esas publicaciones permitieron encontrar a varios niños que, como Manuel, procedían de operativos y estaban con documentos falsos. Recuerdan el caso de los López Torres o de los hermanos Santillán, de Rosario.

Ese eje quedó reforzado con nuevas declaraciones de Estela de Carlotto y María Isabel Chorobik de Mariani. Las dos declararon lo que vienen contando en otras causas: las visitas que durante la dictadura hicieron a varios jueces para contarles que estaban buscando a los niños de los procedimientos. Lo hicieron con la jueza Marta Pons, de Lomas de Zamora, en una escena memorable: después de la visita, la jueza llamó al comisario Ramón Camps para decirle aquella frase que aún recuerdan los empleados, que “habían estado las viejas locas con las carpetas”. En San Nicolás, las Abuelas vieron a Marchetti. De eso dan cuenta los documentos de la Asociación. “Quiere decir que ya para entonces él sabía y podría haber dicho que se había topado con un caso como el que describían las Abuelas, pero lejos de eso ocultó información y eso tuvo como resultado que pasaron veinte años hasta que Manuel fue encontrado por el Equipo Argentino de Antropología Forense”, dice Oberlin.

En este momento, Villafuerte Ruzo tiene que responder nuevamente el pedido. Si rechaza la indagatoria, los querellantes no pueden apelar por cuestiones de proceso. Sólo van a poder hacerlo cuando agregue –si lo hace– que sobresee o dicta falta de mérito para los ex funcionarios. Pero nadie sabe cuánto tiempo más pasará entre uno y otro momento.

jueves, 15 de marzo de 2012

Descarta ex dictador argentino declarar en juicio por robo de bebés

Uno de los máximos represores que tuvo este país sudamericano fue enlazado este jueves por videoconferencia con el tribunal que está a cargo del caso.

El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla se negó a declarar hoy en el juicio que se sigue en su contra por el robo de bebés nacidos en cárceles clandestinas durante la última dictadura militar (1976-1983).

Uno de los máximos represores que tuvo este país sudamericano fue enlazado este jueves por videoconferencia con el tribunal que está a cargo del caso ya que se encuentra internado en el Hospital Militar.

Videla optó por el silencio ante los cuestionamientos de los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo y Domingo Luis Altieri en torno a la causa denominada “Plan sistemático”.

El ex presidente de facto, de 85 años de edad, comenzó a ser juzgado el 28 de febrero pasado junto con otros siete represores por el sistemático robo de bebés nacidos en cárceles clandestinas, entre ellos la nieta del escritor Juan Gelman.

Luego que en 2005 se reanudaran los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, Videla pudo ser condenado en diciembre pasado a cadena perpetua por el secuestro, tortura y, en la mayoría de los casos, asesinatos de 63 personas.


... y los archivos sin abrir...

martes, 13 de marzo de 2012

Tarea de "odio y venganza”

Por Alejandra Dandan

Francisco Madariaga respondió las declaraciones que su apropiador, Víctor Gallo, hizo ayer ante el Tribunal del juicio por el robo de bebés. Gallo inscribió su defensa en la lógica de un conflicto doméstico, habló de la “novela de violencia de género” construida supuestamente por su ex mujer para perjudicarlo. Y explicó que no fueron a buscar al niño porque estaban incluidos en una lista sino que lo recibieron, y que “nadie se embarca en tamaña tarea si no es desde el corazón”. Francisco le respondió a todo: “Yo le respondo que nadie se embarca en tamaña tarea si no es desde el odio y la venganza”, explicó.

Otro de los argumentos de Gallo fue sobre cuán violento podía ser con su ex esposa, si estaba mucho tiempo fuera de la casa. “Gallo habla de que el trabajo militar implicaba abandono de la familia –dijo Francisco–, pero en su caso el abandono del hogar se debía a que, a partir de 1987, estuvo prácticamente todo el tiempo detenido por su participación en el levantamiento carapintada y otros delitos comunes por los que se lo encontró culpable. Toda su vida fue un delincuente, robó una financiera, me robó a mí.” Y luego: “Me molesta el cinismo de los dos (su ex mujer, Susana Colombo, también lo dijo cuando declaró). Dicen que se alegraron cuando se enteraron de que yo tenía familia. Pero si realmente yo les importara, se hubiesen ocupado de decirme la verdad, entonces podría haberme encontrado con mi familia mucho antes”.

Gallo era violento, dijo Francisco, es mentira que no ejercía violencia de género. “Es increíble que hable de que tenían la certeza de que yo era huérfano y que no me buscaba nadie, cuando él mismo dijo en este juicio que me sacó de Campo de Mayo, que me entregó un militar entre gallos y medianoche.”

Bignone habló sobre cómo proceder en caso de "menores nacidos en cautiverio

“No se habló del tema de los menores”

En la causa por robo de bebés, el último presidente de facto dijo que en una reunión con “políticos” después de la guerra de Malvinas nadie tocó el tema del robo de bebés. El médico de la ESMA, Magnaco, intentó justificarse.

 Por Alejandra Dandan

En el tramo final del juicio por el robo de bebés declaró el dictador Reynaldo Bignone, el partero de la ESMA Jorge Magnaco y el apropiador de Francisco Madariaga, Víctor Gallo. Los tres habían pedido hablar para defenderse antes de la instancia final. Gallo se presentó como víctima y llegó a blandir teorías sobre la “violencia de género”. Magnaco reconoció su rol como partero del centro clandestino e intentó defenderse diciendo que lo que hizo con las embarazadas fue “calmar sus miedos, sus angustias por tener que parir” en esas condiciones. De los tres, Bignone fue el que se tomó el tiempo para un discurso más político: habló de 1982 y de los dirigentes de los partidos políticos y en un tramo buscó el modo de responder específicamente al testimonio de un ex funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos que durante el juicio oral explicó que su país “sabía” del robo de bebés.

De traje verde y corbata al tono, Bignone se sentó mirando exclusivamente el espacio de los jueces del Tribunal Oral Federal 6. Ratificó todo lo dicho hasta ahora, negó su intervención en la ley de autoanmistía o en la orden de destrucción de documentos, por lo que se lo acusa. Y hacia el final, le respondió a Elliot Abrams, subsecretario de Derechos Humanos del Departamento de Estado entre 1982 y 1985, que declaró en la causa.

“Veinticuatro horas después (de las elecciones de 1983) –dijo– recibo como respuesta una carta del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dirigida para mi persona y mi gobierno y para el pueblo argentino por el hecho de regresar a la democracia de esa forma tan explícita y tan limpia. Por eso dudo mucho –aclaró– que la Casa Blanca hubiera hecho semejante cosa si fuera mínimamente cierto lo que en esta misma sala dijo alguien que fuera funcionario de esa época. Que los Estados Unidos tuvieran conocimiento de un plan sistemático de robo de bebés yo creo que (no puede) ser esto, así tal cual.”

Leída de otra forma, la frase de Bignone podría tomarse como una revelación: el gobierno de los Estados Unidos le envió en ese momento una carta de agradecimiento, aun sabiendo de los crímenes de la dictadura y del robo de niños.

Bignone, Magnaco y Gallo pidieron declarar porque el juicio se acerca al final, pero además porque desde la última disposición de Casación cambiaron algunas reglas del juego. Los acusados ya no dispondrán de tiempos eternos para decir lo que quieran decir en el tramo de las “últimas palabras”, como hicieron en la ESMA. Y empezaron a hacerlo ahora.

De los tres, Magnaco tuvo tal vez la intervención más inesperada. Con el aspecto de quien acaba de sacar la ropa de la tintorería, la barba impecable, atildado, el médico apeló a la ética profesional para defenderse de lo que hizo en la ESMA, aceptar que intervino en los partos, pero aclarar que no sabía cuál era el destino de los niños.

“Considero que a estas mujeres les he brindado mucho más que a otras pacientes”, dijo en un momento. “¿Por qué? –se preguntó–. Porque comprendí la difícil situación en la que estaban.”

Según el relato que reconstruyó, en octubre de 1976 tenía grado de teniente y estaba a cargo de ginecología del Hospital Naval de Buenos Aires: “En ese contexto –dijo–, mi jefe me dice que ambos debíamos concurrir circunstancialmente para atender pacientes embarazadas a la ESMA, cuando ello fuera ordenado por la superioridad. Cuando esto ocurrió así lo hice y recibí instrucción de cómo debía ser (...). Me aboqué a prestar la asistencia médica pertinente y la atención al recién nacido con lo mejor de mi conocimiento ¿En qué consistía? En higienizarlo, verificar orificios naturales, controlar el estado físico, el aparato cardiovascular, el sistema nervioso y una vez determinado que estaba en buenas condiciones, lo depositaba en el regazo de su madre para que lo amamantara y una vez finalizado, como había dado término a la atención médica, me retiraba de inmediato”.

Magnaco admitió que no inscribía los nacimientos porque “no existía un libro de nacimientos en los que dejar constancia de mi actuación y tampoco se extendían certificados”. Y en un tramo en el que pareció copiar los argumentos de los médicos civiles convocados a declarar por los nacimientos en el sector de Epidemiología de Campo de Mayo, dijo que “no me fue posible oponerme porque de haberlo hecho era poner en riesgo la salud de las pacientes y su feto”. Y que “no cometí jamás un abandono de paciente, lo que me fue ordenado lo cumplí y creo que asistí mejor a ellas que a otras pacientes que haya asistido en el medio privado”.

Para la querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la fiscalía de Martín Niklison, la declaración no sólo no lo ayudó sino que potenció los argumentos en su contra. Magnaco no era médico civil sino militar, lo que le da otro peso en la estructura y cadena de mandos. Tampoco creyeron en el argumento de que no podía abandonar a las parturientas como elemento de peso, porque los otros médicos que dijeron lo mismo denunciaron lo que estaba pasando apenas pudieron, muchos en espacios como la Conadep durante la recuperación de la democracia. El otro dato importante del que el médico no habló indica que no estaba a disgusto en ese lugar: el dato está incluido en las fojas de concepto que poseen los fiscales: allí figura que entre 1976 y 1983, cuando se le preguntó, en caso de cambiar de destino –el suyo era el Hospital Naval de Buenos Aires–, cuál sería de su preferencia, Magnaco puso la ESMA. Un lugar ideal para un ginecólogo y obstetra.

En cuanto a Bignone, negó la relación con el documento final de la Junta Militar; la destrucción de documentos y la ley de autoanmistía, los tres aspectos por los que está acusado en esta causa. Esto es así pese a que hizo toda su carrera de ascenso durante la dictadura. O que en 1977, cuando se produjeron buena parte de los nacimientos de niños robados en Campo de Mayo, él era jefe de Institutos Militares en esa guarnición.

Por otra parte, así como el dictador Rafael Videla ante la revista CambioI16 habló de la cercanía con la Iglesia y con las empresas, Bignone pareció querer mostrar ciertas articulaciones con otros actores políticos. Habló de la carta de Reagan y le dejó una copia al Tribunal. Pero antes, habló bastante de un encuentro que organizó antes de asumir la presidencia de facto con “todos” los referentes de los partidos políticos. Se ocupó de decir que estaban todos, “de derecha a izquierda”. Y como al paso, o como un mensaje destinado a esta época, recordó que todos ponderaron la acción sobre Malvinas e insistió en que también lo había hecho una de las líneas de la izquierda.

En ese momento, Bignone dio un dato importante: mientras hablaba de aquella reunión, de cómo lo aplaudieron, dijo que no se habló del “robo de niños”, no porque no existiera, sino porque “no era el tema de esa ocasión”: “Y debo decir que la reunión terminó con un aplauso de la dirigencia política –explicó–. Ninguno de los presentes se refirió en ningún momento, yo tampoco, al tema memores porque no era el tema de ese momento”.

Otro de los datos que dio en otro momento es sobre un anexo, con instrucciones de Suárez Mason para ver qué hacer en casos de niños que quedaran huérfanos después de los operativos. El anexo se conoce y es materia del juicio. Pero Bignone, buscando defenderse, dijo que había presentado un listado en la causa en 1999 con copia de ese anexo. El problema es que en vez de decir niños huérfanos dijo: “Un anexo sobre cómo proceder en caso de menores nacidos en cautiverio y cuando no se pueda dar con los familiares”. Nadie sabe si se equivocó.