martes, 24 de abril de 2012

“No son pobres ancianos, han envejecido impunes”

La Fiscalía pidió penas de entre 14 y 50 años de prisión para los acusados por robo de bebés. “No merecen ninguna indulgencia”

“No son pobres ancianos, han envejecido impunes”, dijo el fiscal Martín Niklison al hablar sobre el dictador Jorge Rafael Videla, Ruben Oscar Franco, Reynaldo Bignone, Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros acusados.

 Por Alejandra Dandan

“Algún desprevenido podrá apiadarse de los acusados por su ancianidad, pero no son pobres ancianos, sino que han envejecido impunes, guardando para ellos la información que ayudaría a las víctimas a encontrarse con la verdad. No merecen ninguna indulgencia. Ni en el epílogo de sus vidas se percibe en ellos un atisbo de intentar mitigar el dolor que causaron, por el contrario, reivindican sus crímenes y los ratifican con su silencio permanente.” Con esas palabras, el fiscal Martín Niklison marcó el carácter de esos ancianos represores acusados por el plan sistemático de robo de niños durante la última dictadura, en el último día de alegato. Tras analizar los dilemas sobre cómo cuantificar la magnitud de delitos de “una gravedad extraordinaria” y comparándolos con las sanciones de que dispone la nueva ley de desaparición forzada de personas, en línea con las querellas, la fiscalía federal pidió la pena máxima de 50 años de prisión para el dictador Jorge Rafael Videla, como autor mediato por veintiún apropiaciones de niños. El pedido del tope máximo de condenas de 50 años alcanzó además a Ruben Oscar Franco, Reynaldo Bignone, Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta. La fiscalía pidió además el inicio de una investigación sobre el obispo castrense Emilio Graselli, para que se indague sobre su posible complicidad o encubrimiento de los crímenes.

Durante un cuarto intermedio de la audiencia, se produjo una escena que reafirmó las palabras con las que el fiscal recordó una y otra vez el cinismo y el silencio que aún guardan los represores. Franco y Bignone se levantaron campantemente de sus sillas para acercarse a Omar Riveros. El ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo acababa de ser acusado por dos hechos: la apropiación de Pablo Casariego Tato y de Francisco Madariaga Quintela. Ahí, en medio de lo que parecía hacerlos revivir la escena de una vieja reunión de gabinete, Bignone le preguntó a Riveros: “¿Así que te acusan por dos casos?: ¡Ajá! ¡Sos un angelito!”.

Las querellas los escucharon. También lo hicieron las Abuelas. Elsa Pavón, la abuela de Paula Logares, estaba sentada entre el público, al lado de la madre de Cecilia Viñas y de Rosario Isabella Valenzi. Elsa no dijo nada. Uno de los abogados susurró lo que aquéllas no pueden decir: “A estos hombres –dijo– no les importa nada”.
La acusación

El final de los seis días de lectura de pruebas tuvo dos aspectos importantes. El primero, la necesidad de señalar lo atípico de la apropiación, cuyos efectos continúan en el presente amparados por el silencio de los represores. El segundo, más técnico pero probablemente significativo para otras causas, fue la forma que encontró la fiscalía para saltar el escollo que provoca fundamentar el pedido de penas de 50 años de prisión en la llamada y polémica ley Blumberg, comparando los casos con el corazón de la ley de 2011 de desaparición forzada de personas.

Durante la lectura del primer punto, Niklison estuvo varias veces a punto de estallar en lágrimas. “Al momento de fijar la pena también habrá que tener en cuenta que a estos hombres nunca les importó el suplicio a que sometían, y siguen sometiendo, en muchos casos, a los familiares que buscaban a esos niños y los largos años de duración de sus crímenes”, dijo. “Parece difícil encontrar muchos casos de mayor crueldad y sadismo que el de quienes sabían –saben– que había y hay mujeres buscando a sus nietos.” Que había una madre, dijo, buscando a su hijo como lo era Sara Méndez. Que había un padre en igual situación como Abel Madariaga. “Y pese a que ellos podían hacer cesar ese sufrimiento optaron por no responder a sus reclamos, por no recibirlos, por hacer silencio sobre el tema, por no decir nada.”

En la sala escuchaba un grupo de Abuelas. Niklison recordó que, “peor aún”, esas abuelas se convirtieron para ellos “en otra cara de la subversión que buscaba destruir familias cristianas sacándoles a esos niños”. Mencionó la complicidad de jueces y de los medios de comunicación, como lo hicieron las querellas, resaltando la construcción de humanidad que les dieron a los apropiadores. También dijo: “Contaron con sus abogados que se encargaban de descalificar denunciantes y obispos que hablaban de reconciliación sin exigir antes la verdad”.

Durante el juicio, recordó, se quitó la vida una joven que desde su infancia intentaba saber qué pasó con sus padres. O dónde estaba su hermano nacido en cautiverio. Y se preguntó: “¿Cómo medir el dolor de Chicha Mariani y de Estela de Carlotto que hace más de treinta años buscan a sus nietos? ¿Y el de Licha de la Cuadra, primera presidenta de Abuelas, que murió antes de encontrar a su nieta Ana Libertad? ¿Cómo ponerse en el lugar de Clara Petrakos y comprender algo de su sufrimiento tras 35 años de no saber qué pasó con sus padres y su hermana?”. Y dijo: “También resulta imposible ponerse en el lugar de los imputados para comprender qué los llevó a cometer semejantes crímenes, qué los hace mantenerse incólumes en su discurso y en la negación de lo sucedido, específicamente con estos niños”. Detrás de las palabras del fiscal aparecía una réplica a las supuestas confesiones que Videla viene haciendo a la prensa sin decir nada de los niños.

Cada una de esas invocaciones fundamentaron el segundo aspecto: el pedido extraordinario de 50 años de prisión para los cerebros del plan. En términos técnicos, el número está habilitado desde 2004 por la sanción de la ley Blumberg y puede usarse en estos casos porque el delito de la apropiación no termina de cometerse hasta que los niños recuperan la identidad. Como algunos de los 34 niños que integran el juicio recuperaron su identidad después de 2004 –es decir después de la sanción de la ley– y otros aún no la recuperaron, la figura está habilitada. En eso se basaron las querellas para pedir 50 años para Videla. En este caso, la fiscalía agregó además a otros represores. Para no basarse exclusivamente en una ley controvertida, evocó para dar “un buen indicio de la gravedad de estos delitos en el ámbito nacional” la ley 26.679, que tipifica la desaparición forzada de mujeres embarazadas y expresamente de personas nacidas durante la desaparición forzada de la madre e impone penas de prisión perpetua. “No se pretende la aplicación de esa ley –aclaró el fiscal–, sino sólo ejemplificar sobre la gravedad con la que en la actualidad los poderes del Estado consideran estos delitos. Así como existen los delitos de bagatela, existen estos delitos que hacen estallar los máximos penales: una sola desaparición es tan grave como para imponer una pena máxima.”

En concreto, los cargos dividieron a los acusados en dos grupos: Videla, Riveros, Vañek, Franco y Bignone fueron acusados como coautores mediatos, por ocupar los escalones superiores “desde donde emanaron las órdenes”, todos “eran altos jerarcas del sistema represivo”, hombres que estaban por atrás o arriba de los autores directos: “Asignaron personal destinado al equipamiento y aseguraron un sistema criminal para que nadie perturbara a los apropiadores”, fueron indicando las fiscales ad hoc Nuria Piñol y Viviana Sánchez. A Videla se lo acusó por 21 hechos; a Riveros le pidieron 30 años por dos casos; a Franco y Bignone se los acusó por 31 hechos, en otro de los giros del alegato: sus responsabilidades son por el “Documento Final” de la Junta que declaró la muerte de los desaparecidos y por ende la muerte de los niños. Y que prohibía además toda investigación. A Bignone le pesa además la ley de autoanmistía. A Vañek lo imputaron por sustracción, retención y ocultamiento de diez hechos.

Acosta, el prefecto Juan Antonio Azic, el médico Jorge Luis Magnacco, Eduardo Ruffo, Víctor Alejandro Gallo y Susana Colombo fueron descriptos como autores directos. A Acosta se le imputaron once hechos, entre ellos el de Victoria Donda y Juan Cabandié. Para Magnacco pidieron 19 años de prisión por el caso de Cecilia Viñas. Y a Azic, Gallo y Colombo se los acusó además como apropiadores directos porque “mantuvieron la mentira día a día haciéndoles creer a los jóvenes apropiados que eran sus padres”. Para Azic y Gallo, 25 años, y para Colombo, 14 años de prisión.

Un párrafo aparte merece Ruffo. Llegó a este juicio acusado por participar del secuestro y apropiación del hijo de Sara Méndez. Está acusado y condenado por otra apropiación; se le abrió una causa por abusos a esa niña y tiene condenas por delitos comunes. Veintiséis años después del secuestro del hijo de Sara Méndez aportó datos para ubicarlo a él y a Macarena Gelman. Los fiscales ponderaron esa situación como un atenuante y bajaron la pena máxima de 19 años para este caso a 17 años de prisión: “Esa actitud lo pone en un lugar diferente de los otros imputados. Pero también es cierto que eso lo pudo hacer cualquier día de esos 26 años y evitar un inmenso dolor, pero recién lo hizo en 2001”.

lunes, 23 de abril de 2012

Las pruebas contra Videla y Bignone

Responsables del robo de bebés

Después de casi dos semanas de fundamentar su alegato, la fiscalía pedirá a partir de hoy las penas para los dictadores que están siendo juzgados por treinta y cuatro apropiaciones de bebés. Videla sigue negando que haya sido un plan sistemático.

 Por Alejandra Dandan

A días de las declaraciones públicas leídas como “confesión”, el dictador Jorge Rafael Videla volvió a sentarse entre los acusados del juicio por el plan sistemático de robo de bebés para escuchar el alegato de la fiscalía. Con la cara levantada y entre cabeceos que cada tanto parecían capturarlo para el lado de los sueños, oyó al fiscal Martín Niklison referirse a esas declaraciones públicas que por haber sido transmitidas en televisión o difundidas en los diarios parecen haber adquirido, de hecho, el carácter de prueba para la trama del juicio. En esa línea, Niklison le recordó que pese a que todavía lo niega, Videla fue el único dictador latinoamericano que aceptó el robo sistemático de niños.

“No tengo dudas de que en este juicio se ha podido demostrar la responsabilidad de Videla en tan aberrantes hechos –dijo el fiscal–. En esas declaraciones (públicas) se refiere a la cuestión de la apropiación de niños, pero las redujo a actos individuales de militares y policías que por caridad entregaron niños abandonados, buscando de ese modo (Videla) despegarse de estos hechos y no pasar a la historia como el único dictador latinoamericano de esa época que organizó la apropiación de los hijos de sus víctimas.” En este juicio, agregó, “no hemos visto esos supuestos actos de caridad, sino el horror que implica arrancarles los niños a sus padres y madres y la organización dispuesta para los partos y el posterior reparto de los bebés”.

A horas del pedido de condenas que se escuchará durante la mañana de hoy, la fiscalía federal leyó las acusaciones de los trece imputados del debate. Entre ellos, Videla quedó situado como el “organizador” y principal responsable, pero también acusó a Santiago Omar Riveros, por entonces jefe del Instituto Militar de Campo de Mayo, y a Reynaldo Bignone y Oscar Francos, integrantes de la última junta de comandantes.

Lo que el juicio debe probar, y es lo que intentan demostrar en estos días los alegatos de los acusadores, es que el robo de bebés fue un plan sistemático organizado desde la cúpula militar y ejercido por intermediarios que actuaron en cada uno de los centros clandestinos o en la distribución de los niños. Videla viene negando la lógica del plan con el argumento de que no hubo una orden escrita que lo haya avalado, como si ése fuera el único modo de probar una práctica sistemática. Los acusadores intentan demostrar, en cambio, que sin aquella orden el plan puede probarse por los efectos, es decir por lo que sucedió con los niños robados. O por la organización, por ejemplo, de las maternidades clandestinas, que estructuraron el alojamiento de las embarazadas, los nacimientos y la distribución de los niños. Pero además, intentan probar que es necesario recordar que cuando se probaron las desapariciones, los desaparecedores también decían que no existían porque no había órdenes escritas. Videla terminó de admitir las desapariciones más de 35 años después, en esas declaraciones públicas en las que reconoce el “pongamos que fueron siete u ocho mil”, recordó en un pasillo el fiscal federal.

En este caso, Videla está acusado por la mayor parte de los 34 expedientes de apropiación de menores que llegaron a juicio. “Si hubo centros clandestinos, fue su voluntad; si hubo desaparecidos, fue su voluntad; si hubo torturas, fue su voluntad y si hubo apropiación de menores, fue su voluntad”, dijo el fiscal.

Las acusaciones avanzaron sobre el resto de los imputados. Entre ellos, Bignone y Franco. Pese a que hicieron la carrera de ascenso militar durante la dictadura e intervinieron en lugares de decisión e incluso llevaron adelante personalmente gestiones donde hubo casos de robos de niños, están en el juicio acusados sólo “por un tramo puntual”: la orden que impartieron mientras formaban parte del último gobierno de las Juntas y que disponía la destrucción de documentos y por la ley que intentó garantizar la impunidad de quienes intervinieron en la dictadura. En palabras del equipo de fiscales, integrado además por Nuria Piñol y Viviana Sánchez, “se les atribuye los últimos actos realizados por el aparato represivo estatal para lograr que las apropiaciones se puedan seguir cometiendo y gozando de impunidad, permitiendo que quienes se habían apoderado de los menores no vieran perturbado el dominio que bajo una apariencia legal ellos ejercían”.

En ese sentido, la acusación hacia ellos desde el primer momento fue un desafío, porque se debía equiparar la sanción de una ley y una orden con las acciones de los crímenes. Para demostrar, entonces, la dimensión y el peso que puede tener una ley o una orden, la fiscalía habló de cómo normas similares pueden decretar una guerra o decidir una masacre. Compararon el acta de la Junta con una “tapa” que buscó cerrar entre otras cosas el tema de los niños y dijeron: “Un acta de la junta era un acto de voluntad de sus integrantes por el cual se podía hacer cualquier cosa mientras tuvieran el respaldo militar para hacerlo. Un acta de la junta tenía el sentido que sus integrantes quisieran darle y en este caso era poner una tapa sobre el tema desaparecidos y asegurarse de que nadie pudiera abrirla. Respecto de los niños, el objetivo era que nadie pudiera perturbar a lo que ellos llamaban familias adoptivas”.

Sólo por mencionar un ejemplo más, el llamado “Documento Final” afirma que los desaparecidos “a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos”. Una “muerte” que por otra parte intentó alcanzar la figura de los niños desaparecidos.

Entre las pruebas de cada uno fueron revisados nuevamente los casos de las víctimas. El de Macarena Gelman y la decisión adjudicada a Videla del traslado de su madre a Uruguay. Aquello que Juan Gelman mencionó en su declaración de que a su nuera Claudia Iruretagoyena se la llevaron como parte de un “robo de vientres”. Las dudas que todavía quedan sobre las razones por las que se hizo el traslado. Pero la certeza a la vez de que eso también se hizo porque hubo una decisión del comandante. En esa línea, mientras se enumeraban las pruebas contra Videla apareció en primer plano la responsabilidad de Bignone en un caso por el que no está imputado: es sobre la intervención que tuvo sobre lo que sucedió con Claudia, la hija de Estela de Carlotto. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo lo visitó a través de algunas relaciones para pedirle por su hija y para decirle que si iban a asesinarla al menos le devolvieran su cuerpo. El cuerpo efectivamente apareció, luego de que Claudia diera a luz en el Hospital Militar central y le robaran a su hijo. En el juicio se indicó que la intervención de Bignone permitió que reapareciera el cuerpo de Claudia, un dato sobre el que Niklison reparó: “De los 34 casos en que acusa la Fiscalía, es el único cuerpo de una madre asesinada que fue entregado”.

Eso, por otro lado, era una respuesta al propio Bignone, que en su última intervención durante el juicio dijo que no sabía de la existencia del robo de bebés

miércoles, 11 de abril de 2012

Segunda jornada del alegato de la Fiscalía


Hubo un apartado para Adriana Calvo, casi a modo de homenaje  

“Eran recluidas y obligadas a dar a luz”

El fiscal Martín Niklison reconstruyó, a partir de los testimonios recabados, los 35 casos del juicio y se concentró en los niños nacidos en la Comisaría V de La Plata y en el Pozo de Banfield, donde “se montó una verdadera maternidad
clandestina”, dijo.

Por Alejandra Dandan

El modo “curioso y significativo” con el que el Poder Judicial rechazó u omitió los trámites de quienes buscaron a las embarazadas durante la dictadura. Las gestiones ante obispos y curas que hoy, más de 36 años después, hicieron que una de las fiscales del juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés todavía se pregunte: “¿Qué tipo de gestiones realizaba la Iglesia, ante cuál de las autoridades de facto y qué respuestas obtenían?”. O el rol de un Estado, que “tenía la obligación de suministrar información”, pero no lo hizo. 
Estos fueron algunos de los subrayados que hizo la Fiscalía Federal a cargo de Martín Niklison, en el segundo día de sus alegatos. Durante la reconstrucción de los casos y (ayer) del funcionamiento de la maternidad clandestina del Pozo de Banfield, la Fiscalía asumió la acusación de los crímenes del Estado terrorista de la dictadura. Retomó, en ese contexto, las últimas palabras con que los niños apropiados, hoy adultos, les hablaron a los jueces, sumándose a los reclamos que hicieron ellos. Y nombró a cada una de las víctimas desde sus identidades políticas.

El Servicio Penitenciario Federal trasladó a todos los acusados a los tribunales de Comodoro Py, pero recibió un reto de la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 6, María del Carmen Roqueta. Los problemas en los traslados provocaron que el martes el Tigre Jorge Acosta quedara en Comodoro Py hasta las once de la noche. O que el dictador Jorge Rafael Videla llegara a Campo de Mayo pasada la una de la mañana. Ayer estuvo sentado siempre en una esquina, al lado de Reynaldo Bignone, como si buscaran seguir manteniendo distancia. Ninguna cámara mostró la cara de Videla cada vez que la Fiscalía volvía a nombrarlo, como cuando le dijeron que no habla y, cuando lo hace, “decide hablar en una entrevista en la que reivindica su accionar como jefe de la dictadura”.

La Fiscalía avanzó con el rearmado de los 35 casos del juicio, a partir de los aportes dispersos de cada testigo. Concentró el alegato en dos puntos del Circuito Camps: los niños nacidos en la Comisaría V de La Plata y en el Pozo de Banfield, entendido ahora como la maternidad clandestina de ese circuito, y una de las tres que se investigan en el proceso.

“En el Pozo de Banfield, además de haberse alojado a cientos de detenidos-desaparecidos –dijo Niklison–, se montó una verdadera maternidad clandestina donde las madres eran recluidas hasta el término de su embarazo y obligadas a dar a luz. Luego del alumbramiento, el destino de los recién nacidos y de sus madres estaba sellado: los niños eran apropiados por fuerzas de la represión o familias allegadas, y sus madres, en cambio, integrarían la lista de desaparecidos.”

Las embarazadas parían en la “enfermería”: sus embarazos sucedían en el encierro, tabicadas y vendadas como los demás, y en condiciones de desnudez casi total en algunos casos, dijeron. En contadas ocasiones, las futuras madres fueron provistas de algún medicamento o alimento distinto, aunque cuando se “acercaba la fecha del alumbramiento generalmente eran puestas al cuidado de alguno de sus compañeros, había controles médicos y los partos eran usualmente atendidos por el médico policial Jorge Antonio Bergés”.

Esas “señales claras” demuestran “el interés de los represores de mantener la gestación de los hijos de las desaparecidas”. Un dato que reforzaron poco más tarde al describir cómo, tras el parto, esos mismos cuidados se desvanecían.

“Otra constante del Pozo de Banfield –dijo el fiscal– fue que, luego de tener a sus hijos, las madres eran libradas a su suerte, teniendo que lidiar por sí solas con los dolores postparto y las infecciones que se les generaban por la acumulación de leche. Ya nadie iba a controlar su estado de salud ni se interesaba por ellas. Sólo se las volvía a buscar, a fin de ser trasladadas.

Esto demostraba que el interés de la organización represiva por el estado de estas mujeres desaparecía luego del nacimiento de los niños.”

Niklison y las fiscales ad hoc Nuria Piñol, María Saavedra y Viviana Sánchez lograron explicar por qué muchos de los niños que nacieron en el Pozo de Banfield eran hijos de parejas uruguayas, secuestradas en Argentina. Para eso, reconstruyeron la historia del Pozo, la relación con el Plan Cóndor, la conexión con el Pozo de Quilmes y la Brigada de San Justo y explicaron cómo luego de la caída de un militante montonero con documentos uruguayos empezó a caer ahí el último grupo de uruguayos.

Hubo un apartado para Adriana Calvo, casi a modo de homenaje, pero que permitió a la vez plantear su caso como “una excepción”. Muerta el año pasado, su nombre se repitió innumerables veces en las audiencias no sólo porque dio a luz en un patrullero, secuestrada, y salió viva con su hija, sino porque mientras estuvo cautiva asistió a las embarazadas, hizo las primeras sistematizaciones de los partos y ayudó a los familiares de los desaparecidos a encontrarse con los niños robados o les acercó datos y relatos de su gente. “Lamentamos enormemente que no haya podido relatarnos en esta sala el calvario que vivió y el crudo nacimiento de su hija Teresa en un patrullero de la policía”, dijo Niklison.

“Si bien ella no pudo darnos presencialmente su testimonio, su declaración ante la Cámara Federal en 1984 ha sido proyectada innumerables veces y quedará grabada para siempre en nuestras memorias. Su testimonio pone en voz presente el horror que sufrieron las madres desaparecidas que nunca pudieron relatar el nacimiento de sus hijos.”
Adriana, que parió mientras la llevaban de la Comisaría V al Pozo de Banfield, donde Bergés le sacó el tabique de los ojos y “bruscamente” le quitó la placenta y la obligó a limpiar el lugar frente al oficial de guardia y a otros carceleros que se reían, fue una “circunstancia excepcional, única en el Pozo de Banfield”: la organización represiva postergó su liberación ya decidida por la atención que les demandó el caso de los Graiver.

Más tarde, el fiscal Niklison volvió a hablarle a Videla. Hablaba de las fichas que elaboró el Ejército con los desaparecidos, un dato evidente a partir de legajos incorporados al expediente sobre las víctimas de La Noche de los Lápices. “Estas fichas demuestran cabalmente el riguroso control de información que el Ejército llevaba de los operativos –dijo el fiscal–. Nos preguntamos dónde estarán las fichas con la información de las embarazadas que parieron o pasaron por ese centro clandestino. Nos gustaría que el ex comandante en jefe del Ejército aquí presente nos lo diga.”

martes, 10 de abril de 2012

En busca de una reparación al dolor infinito

Pedido de 50 años de prisión para el dictador Jorge Rafael Videla en la causa por robo de bebés.
En representación de Chicha de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, reclamaron que se aplique el delito de genocidio para condenar a Videla y la máxima acumulación de penas prevista por el Código Penal.

 Por Alejandra Dandan

Las viejas imágenes en blanco y negro de la Plaza de Mayo de la dictadura se detuvieron, proyectadas, en una de las pantallas de la sala de audiencias de Comodoro Py. Desde el otro lado del tiempo, los carteles levantados por aquellas mujeres todavía seguían hablándole a la sala: “¿Dónde están los centenares de bebés nacidos en cautiverio?”. En la inmensidad de las sillas vacías, el dictador Jorge Rafael Videla miró cada una de las imágenes sin el menor gesto de perturbación, como escuchó a lo largo de toda la audiencia la última jornada de los alegatos de la querella de María Isabel Chorobick de Mariani. Sólo en algún momento movió la cabeza como si intentara discrepar con algo. Luego escuchó. Los abogados pidieron al Tribunal Oral Federal 6 que lo condenen por el delito de genocidio o, en su defecto, a cincuenta años de prisión por sustracción, ocultación y retención de veinte de aquellos centenares de niños cuyos casos son ventilados en el juicio.

Hacia el final, el proyector de la sala dejó congelada en la pantalla unas líneas escritas por Chicha de Mariani, una de las primeras abuelas de Plaza de Mayo, que aún sigue buscando a su nieta, Clara Anahí. “En este juicio por la apropiación sistemática de niños durante la dictadura cívico-militar que mutiló al país –escribió Chicha– ha quedado comprobada la existencia de la crueldad inhumana llevada a cabo con uniformes azules, verdes, blancos, pardos y también con negras sotanas. Toda está exhaustivamente comprobado, una y mil veces, por lo tanto, señores jueces, esperamos que la Justicia aplique al fin la justicia tan dolorosamente esperada durante 36 años.”

En términos formales, la querella pidió la aplicación del delito de genocidio, no como delito de “contexto”, sino como delito en sí mismo, al amparo de las leyes internacionales, como lo hicieron hace dos años en el juicio oral por los crímenes del circuito Atlético-Banco-Olimpo. Sin embargo, al mismo tiempo, aclararon que si el Tribunal decide ceñirse a las leyes internas pedían condenar a Videla a la pena máxima de cincuenta años de prisión, en condición de autor mediato por 19 casos de sustracción, ocultación y sustitución de identidad y como partícipe necesario en el caso de Macarena Gelman, que nació y fue apropiada en Uruguay, en el marco de la coordinación del Plan Cóndor.

Sobre el eje de los cincuenta años, la abogada Elizabeth Victoria Gómez Alcorta hizo alguna aclaración. Los cincuenta años fueron pedidos la semana pasada también por la querella de Abuelas de Plaza de Mayo y Alcira Ríos y seguramente serán pedidos por el resto de los acusadores. En términos formales, la opción nace porque está amparada por la reforma al Código Penal de 2004, encuadrada en la llamada Ley Blumberg. Los abogados la mencionaron como una “ley incómoda”. Saben que es el único juicio de lesa humanidad en el que es posible pedirla porque el resto de los delitos por los que se acusa a los represores ya cesaron, y en este caso, en cambio, doce de las apropiaciones en análisis o cesaron luego de la sanción de la ley, en 2004, o aún no cesaron, como las seis familias que siguen buscando a esos niños. Pese, entonces, a esa habilitación legal y a la situación de excepción planteada por este juicio, la querella aclaró que hacer uso de una ley criticada por “su terrible ampliación punitiva” es “incómoda”, pero advirtieron que “por un lado, no podemos dejar de mencionar que para los hechos objeto de esta acusación resulta ser la ley vigente y, en segundo lugar, que si en algún supuesto fáctico se justifica aquella escala punitiva sólo puede ser para casos de genocidio que aquí se ventilan”, explicó la abogada, parte del equipo integrado por Pablo Lafuente y Valeria Thus.

También pidieron el traslado de Videla a una cárcel común. “Lamentablemente, el mayor responsable del terrorismo de Estado sólo ha cumplido detención en una cárcel común 15 días”, explicaron, como lo hizo Abuelas de Plaza de Mayo. Luego de la condena del Juicio a las Juntas estuvo detenido en la cárcel militar de Magdalena; después de quedar en libertad, estuvo preso 15 días en Caseros; después pasó a prisión domiciliaria y ahora está en la U34 de la guarnición militar de Campo de Mayo. “No existe ninguna razón, ya sea jurídica, fáctica, ni moral para continuar sosteniendo este privilegio –dijeron–. Esta querella entiende que debe llegar el momento, y que debe ser éste, de que el genocida Videla cumpla las penas impuestas por el Estado de Derecho en una cárcel común.”

Además de los pedidos, el alegato atravesó otros ejes importantes, como el rol de los medios de comunicación televisivos y gráficos en la trama de complicidades civiles, no sólo durante la dictadura, sino después, con la identificación de los niños. Señaló con nombre y apellido, el lugar y el modo de intervención de los representantes de la Iglesia Católica mencionados durante las largas jornadas de audiencia. Y avanzaron en definiciones medulares como la inscripción de los niños robados como “hijos de los oponentes políticos”. Esa forma pronunciada como una categoría de análisis, si bien les permitió ir construyendo a lo largo del alegato los fundamentos para inscribir el robo de bebés como parte de la persecución a “los oponentes políticos”, necesaria para el pedido de genocidio, también es uno de los modos de sellarles una marca.

En esa línea, otro de los avances sobre los sentidos simbólicos de la apropiación apareció casi al final del alegato de la mano de la “lógica concentracionaria”, que permitió equiparar el sentido de los “centros clandestinos de detención” al del “hogar de los apropiadores”.

“La apropiación de niños en este contexto adquiere las características de la lógica concentracionaria –dijo Gómez Alcorta–. Cuando los prisioneros ingresaban al campo de concentración, ingresaban a una nueva realidad al margen, y eran despojados de su nombre. Al igual que los secuestrados, quienes fueron apropiados fueron despojados del nombre que sus padres les dieron, despojados además de sus padres y familias, de su historia e ingresaron en lo que fue la continuación de los centros clandestinos de detención: el hogar de los apropiadores. La única huella que conservaron de aquella herencia e historia fue su cuerpo y su sangre, que señaló en cada momento de sus vidas la fractura que existía en el discurso de los apropiadores.”

La idea de un dolor “infinito”, parafraseando a Erich Fromm, apareció en los alegatos ante la insistencia de las Abuelas. Dicen que fueron Chicha y Elsa Pavón, que estaba en la audiencia, quienes les pidieron a los abogados que no se olviden de hablar de eso, que para ellas es lo importante. Ellos les dijeron que ésta era la parte más técnica del juicio, pero Chicha les dijo en ese momento que traten de poner en palabras algo para dar cuenta de esa tortura que ella todavía siente cada día cuando se da cuenta de que está buscando detrás de cada cara que mira a alguien como Clara Anahí.

martes, 3 de abril de 2012

Alegan los abogados de Chicha en el juicio por robo de bebés

Los representantes de la abuela platense comenzaron hoy su alegato como integrantes de la querella en el último tramo del debate por el plan sistemático de apropiación de menores durante la última dictadura cívico militar.

Chicha Mariani busca a su nieta Clara Anahí hace 36 años (Foto: Matías Adhemar)
 
Los abogados de María “Chicha” Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, denunciaron hoy que el robo de bebés durante la última dictadura fue uno de los pasos que se fijó el régimen en el marco de su “plan criminal de exterminio de personas”.

Los abogados Valeria Tus, Elizabeth Gómez Alcorta y Pablo Lafuente iniciaron esta mañana el alegato de la última de las querellas en el juicio por el denominado "plan sistemático" de robo de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura, en el que proyectan pedir para el ex dictador Jorge Rafael Videla la pena de 50 años de prisión.

Al trazar un contexto histórico, los abogados denunciaron que la dictadura "sembró el país de campos de concentración y exterminio", y contó con "la complicidad de parte de la sociedad civil".

Sobre el delito específico que juzgan los integrantes del Tribunal Oral Federal número cuatro, María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Luis Altieri, la querella aseguró que existen "innumerables pruebas de la sistematicidad de los robos de niños que luego fueron criados en la mentira".

El alegato continuará esta tarde, con el pedido de penas, y la semana próxima será el turno de la acusación pública, a cargo del fiscal Martín Niklison.

El juicio oral por el "plan sistemático" comenzó a fines de febrero de 2011 y terminará a mediados de abril.