martes, 25 de noviembre de 2014

El juicio por el encubrimiento de la apropiación de Pedro Sandoval Fontana

“Tomá, vos dale esto a la policía”

El nieto que recuperó su identidad en 2006 contó que su apropiador estaba avisado del allanamiento que iban a hacer a su casa y que le dio un peine, un cepillo de dientes y una toalla para frustrar la medida. El policía que condujo el operativo es el acusado.

 Por Ailín Bullentini

Para Adolfo Porcel, subcomisario en disponibilidad, el juicio en su contra que comenzó ayer es una “cuestión política”. Está acusado de encubrir la apropiación de Pedro Sandoval Fontana, quien hasta 2004 creyó que sus padres eran el ex agente de inteligencia de Gendarmería Víctor Rei y su esposa, Alicia Arteach. Específicamente, de fraguar el primer allanamiento que la Justicia federal ordenó para obtener el perfil genético del joven y compararlo con el de familias que buscan nietos y nietas nacidos durante la última dictadura cívico-militar. El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín, continuará el 9 de diciembre, cuando se oigan los testimonios de los dos testigos que no se presentaron ayer y los jueces den la sentencia.

La audiencia comenzó pasadas las 9.30. Porcel hizo su descargo tras la lectura del auto de elevación a juicio, a cargo del fiscal Carlos Cearra. Luego testimoniaron dos peritos del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que participaron en la investigación principal de la causa –llegó a dar con la verdadera identidad de Sandoval Fontana y culminó con Rei en la cárcel–. También Antonio Ladra, de la Policía Federal, y el muchacho apropiado. Los abogados de la querella de Abuelas, Alan Iud y Pablo Pachener, y la fiscalía desistieron del testimonio del otro policía federal citado, Daniel Vergara, quien, junto a Ladra, participó con Porcel del allanamiento fraguado. Ambos quedaron fuera del expediente. La ausencia de Tamara Villar, la pareja de Sandoval Fontana entonces, y su padre, Pedro Villar, fue la razón por la que el juicio no culminó ayer mismo. Su testimonio se pospuso para el 9 de diciembre, cuando también se oirán los alegatos y la sentencia.

Frente al TOF 5 de San Martín, Porcel defendió su actuación en el procedimiento de agosto de 2005 en el marco de la causa por la apropiación de Sandoval Fontana y denunció que su acusación era “una cuestión política”. Aseguró haber convocado a los testigos en el momento oportuno y haber seleccionado él mismo los elementos presuntamente contenedores del ADN del joven. Por último, negó haber tenido relación alguna con la última dictadura militar y haber conocido a Rei antes o después del operativo en cuestión.

El relato de Sandoval Fontana reversionó las cosas. El muchacho repasó los hechos que cambiaron su historia: desde la confesión en llanto de su apropiador, en 2004, hasta la propuesta de fraguar el allanamiento que aquél le hizo en Campo de Mayo. “En 48 horas van a allanarte la casa, tomá, vos dale esto a la policía”, recordó Sandoval Fontana.

Rei le entregó una bolsa con un peine, un cepillo de dientes, una remera y una toalla, rememoró el joven. Dos días después, entregó las cosas a Porcel y compañía. Junto a Ladra y Vergara, el entonces subcomisario había ido a buscar al hijo biológico de Liliana Fontana y Pedro Sandoval –aún desaparecidos– a la panadería de su ex suegro, Pedro Villar. Alejandro Rei, como lo llamaron sus apropiadores, los acompañó hasta su casa, en donde les entregó los elementos. Según declararon ayer los peritos del BNDG, contenían varios perfiles genéticos lo que los hizo inutilizables para el propósito con el que habían sido recolectados. Sandoval Fontana recordó que recién después de recibirlos, Porcel notó la falta de testigos. Lo solucionó citando en su informe a dos operarios de la panadería de Villar.

domingo, 16 de noviembre de 2014

La Audiencia Nacional Madrid eguarda una investigación secreta sobre los bebés robados por Videla


El expediente forma parte de la causa tramitada por Garzón contra la dictadura argentina a finales de los 90. Su archivo definitivo podría producirse en las próximas semanas

DANILO ALBIN Bilbao 16/11/2014 23:15 Actualizado: 17/11/2014 00:19


Manifestantes escuchan el veredicto contra Videla en julio de 2012.

Los maquiavélicos métodos represivos aplicados por la dictadura argentina (1976-1983) no sólo incluyeron secuestros, torturas atroces o vuelos de la muerte. Siguiendo un plan sistemático ideado desde las más altas esferas del régimen, sus verdugos se encargaron de separar a cientos de niños de sus verdaderas familias. Muchos nacieron en campos de concentración u hospitales militares. Sus madres, nada más dar a luz, fueron fusiladas o lanzadas al mar aún vivas. En otras ocasiones, las criaturas eran apropiadas durante el secuestro de sus progenitores y entregadas a familias "occidentales y cristianas". La condena era clara: ellos, los "hijos de subversivos", jamás conocerían esta historia.

La lucha incansable de las Abuelas ya ha permitido que 114 jóvenes recuperen su identidad

Las cifras hablan por sí solas: según las Abuelas de Plaza de Mayo, cerca de 500 hijos e hijas de desaparecidos fueron secuestrados por la
dictadura y entregados a familias de militares o civiles cómplices, que los criaron en la más absoluta de las mentiras. Sin embargo, la lucha incansable de las Abuelas ya ha permitido que 114 jóvenes recuperen su identidad. La búsqueda no sólo se realiza en Argentina, sino también en aquellos países donde los apropiadores podrían haberse afincado en la etapa final de la dictadura.

Según ha podido confirmar Público, España figuró entre los destinos elegidos por los ladrones de bebés. No en vano, en una habitación de la Audiencia Nacional existen varios documentos -hoy completamente olvidados- que así lo acreditan. De acuerdo a esos archivos, todo comenzó a mediados de 1996, cuando el juez Baltasar Garzón tramitaba una causa judicial por los crímenes cometidos en la Argentina de Videla. En aquel contexto, Matilde Artés Company, "Sacha", una madre y abuela de desaparecidos que una década antes había logrado rescatar a su nieta Carla -apropiada por un agente de Inteligencia-, presentó una denuncia sobre posibles casos de hijos robados que por entonces podían vivir en España, sin conocer su identidad.

Las informaciones ofrecidas por Matilde Artés dieron lugar a una pieza judicial de carácter secreto, en el marco de la cual se realizaron distintas averiguaciones. Aquellas investigaciones estuvieron a cargo de un grupo conformado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, aunque la Guardia Civil también participaría en determinadas indagaciones. Durante varios meses, los agentes realizaron diferentes pesquisas para tratar de determinar si las denuncias de esta abuela eran ciertas.

Fuentes judiciales consultadas por Público confirmaron que este expediente -que reúne numerosas pruebas fotográficas y documentales- estaría condenado a dormir el sueño de los justos: el juez Pablo Ruz -sustituto de Garzón en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional- considera que los trámites relacionados con Argentina han concluido, por lo que próximamente podría producirse el archivo definitivo de la voluminosa causa. Si eso ocurre, la pieza secreta sobre los hijos robados por la dictadura se perderá para siempre.
Cuestión de sangre

Uno de los casos más llamativos de este expediente es el de P.E.V.B., un joven que por entonces vivía en Alicante. Las sospechas surgieron a raíz del testimonio de un odontólogo valenciano, quien aseguró que "un colega suyo, de unos 60 años de edad, tiene un hijo de unos 20 años, moreno, no guardando parecido físico con los padres". "El padre de este niño, siempre que surgen conversaciones en relación a las personas desaparecidas durante el período de la dictadura militar en la República Argentina, elude éstas, evitando todo tipo de comentarios o impresiones al respecto", añadía la denuncia presentada por Artés.

Las madres eran fusiladas o lanzadas al mar aún vivas nada más dar a luz

Según comprobaron los agentes de la Guardia Civil que investigaron a esta familia en Alicante, P.E.V.B. había nacido en Buenos Aires el 15 de junio de 1979. Sin embargo, su anotación en el Registro Civil de la capital argentina se produjo casi 15 meses después, algo característico en los casos de apropiaciones de bebés por parte de la dictadura de Videla. Por tales motivos, los investigadores planteaban la necesidad de obtener "muestras biológicas de P.E.V.B. para su análisis, remisión y cotejo con el Banco de Muestras Genéticas de desaparecidos existente en Argentina". Las fuentes judiciales consultadas por este periódico informaron que estos exámenes no llegaron a realizarse.

Las sospechas fueron aún mayores tras la declaración ofrecida a la Guardia Civil por un ginecólogo de origen argentino que a finales de los años 80 había atendido a la supuesta madre de este joven. La mujer había acudido a la consulta junto a su marido. Durante la charla con el ginecólogo, el hombre dejó entrever que había sido suboficial de las Fuerzas Armadas. "Se identificaron como argentinos y le dijeron que tenían un niño adoptado; igualmente le manifestaron que no tenían hijos biológicos", recordó el médico. También aseguró que la pareja no le había explicado de qué manera habían realizado la adopción.

Junto a esta declaración judicial figuran fotos del joven y de sus supuestos padres, así como de las propiedades que la pareja tenía en España. También hay datos muy pormenorizados sobre rasgos físicos y hábitos personales del presunto hijo de desaparecidos. "Este caso era uno de los más claros", señalaron desde el entorno de Matilde Artés. En las últimas horas, Público ha logrado confirmar que P.E.V.B. vive actualmente en Buenos Aires.
Dentistas en el punto de mira

Las sospechas también se centraron en J.M.A. y E.M.A., un jubilado argentino y una ciudadana alemana que vivían en Benidorm. En el marco de aquellas averiguaciones, la Guardia Civil obtuvo datos sobre los domicilios y las cuentas bancarias que el matrimonio tenía en esa turística ciudad. También pudo determinar que si bien contaban con residencia legal en España, la pareja mantenía su vivienda en una localidad situada a la orilla del río Meno, cerca de la frontera con Baviera. En los documentos no figuraba que tuviesen hijos, pero los investigadores no lo descartaban. Tal como explicaban en uno de los documentos, todas las pistas apuntaban a que J.M.A. y E.M.A. "se encuentran en este país de descanso, una vez alcanzado el retiro", mientras que sus posibles hijos seguirían "residiendo en Alemania, donde tendrían sus estudios o trabajo".

Una red de odontólgos "se habrían hecho cargo de sacar de Argentina y apropiarse de niños secuestrados"

Por su parte, la Policía Nacional llegó a elaborar un "listado de familias que tuvieran hijos cuya fecha de nacimiento estuviera comprendida entre 1975 y 1983 y que en el transcurso del tiempo continuaran residiendo en territorio nacional o hubieran obtenido la nacionalidad española". De esta manera, los funcionarios detectaron "la existencia de 243 familias, repartidas en 26 provincias del territorio nacional, que tenían 366 hijos, los cuales se encontraban comprendidos en el objeto de la investigación". Tras revisar los expedientes de cada uno de ellos, los policías aportaron al juzgado 134 fotocopias de partidas de nacimientos que, "una vez cotejadas, no han aportado nada nuevo a las investigaciones llevadas a efecto con anterioridad", explicaban.

Entre las familias investigadas se encontraban el odontólogo V.R.O. y su mujer, R.B.H., quienes tenían una hija adoptada. Los inspectores a cargo de este caso aportaron a la Justicia diferentes documentos relacionados con esta familia, desde fotografías y copias de sus respectivos DNI hasta el expediente judicial sobre un altercado de tráfico que V.R.O. había tenido en 1984. Varios años después, la supuesta hija menor de este matrimonio, una joven que responde a las iniciales de L.O.H., inició su propia búsqueda de la verdad a través de las redes sociales. Si bien su nacimiento se habría producido en 1974, fuentes cercanas a la investigación recordaron a Público que la dictadura argentina solía falsear las fechas en las partidas, con el objetivo de hacer aún más difícil la localización de estos chicos.

En tal sentido, las mismas fuentes incidieron en uno de los nexos en común que tendrían los apropiadores afincados en España: muchos de ellos son dentistas de profesión. En efecto, los abogados de los organismos de derechos humanos ya habían advertido al juez Garzón sobre la "existencia de una suerte de red de odontólogos argentinos en el extranjero que se habrían hecho cargo de sacar del país y apropiarse de estos niños secuestrados". Uno de los sospechosos de formar parte de este entramado, A.E.F., tenía una consulta en Vigo. En su denuncia, Matilde Artés advertía que tendría "dos o tres chicos que son hijos de desaparecidos". Esta familia había llegado a España en junio de 1984, seis meses después de acabada la dictadura. Las sospechas, como en otros casos similares, aún siguen vigentes.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Alegato de la fiscalia en el juicio por la maternidad clandestina de Campo de Mayo

Médicos y partícipes de apropiaciones

Solicitaron penas de entre 13 y 45 años de prisión para los cinco imputados en el juicio por los nacimientos en Campo de Mayo. Señalaron que los delitos fueron realizados “con la participación de toda la estructura sanitaria del hospital”.

 Por Ailín Bullentini

El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de entre 13 y 45 años de prisión para los cinco imputados en el juicio por la apropiación de bebés nacidos en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo y el secuestro y tormentos a sus mamás durante la última dictadura.

Los fiscales Martín Niklison, Nuria Piñol y Viviana Sánchez dieron por probados los delitos analizados en el juicio: la apropiación de los hijos de Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña –algunas parieron en el Hospital Militar de Campo de Mayo, otras en centros clandestinos que funcionaron en esa guarnición militar aunque asistidas por personal de la institución sanitaria– así como el secuestro y las torturas que recibieron durante su encierro.

“Consideramos la existencia y funcionamiento de la maternidad clandestina, el cautiverio en condiciones inhumanas de mujeres embarazadas en el sector de Epidemiología para dar a luz atadas, vendadas, sin poder comunicarse, sin registro de su existencia, a las cuales les fueron arrebatados sus hijos recién nacidos, que no eran anotados debidamente, sino con datos falsos como parte de una práctica sistemática de apropiación de niños allí realizada con la participación de toda la estructura sanitaria del hospital bajo la dirección de las autoridades y médicos militares”, advirtieron durante la introducción de su amplio alegato, que incluyó referencias a una batería de sentencias por delitos de lesa humanidad relacionados con los hechos y los imputados en el debate actual, referencias a pruebas documentales y numerosos testimonios vertidos en el marco de este juicio o incorporados por lectura que describían la maternidad, las condiciones en que eran mantenidas las embarazadas allí y el trato que recibían.

Eugenio Martín fue jefe de Clínica de Campo de Mayo. Para él, la fiscalía solicitó 35 años de cárcel por la privación ilegítima de la libertad y las torturas impuestas a Beláustegui, Masri, Duarte y Quintela Dallasta, así como la sustracción, ocultamiento y retención de sus hijos. Para Norberto Bianco, ex jefe de Traumatología del hospital, la pena pedida fue de 30 años, por los mismos delitos cometidos en los mismos casos. La fiscalía imputó al ex jefe de Comando de Institutos Militares Santiago Riveros por la apropiación de los hijos de Alvarez, Acuña, Ovando y Stritzler y pidió 45 años de cárcel. A quien fue su segundo, Reynaldo Bignone, lo encontraron culpable del robo de los hijos de Beláustegui, Stritzler y Masri, lo que le valdrían 40 años de encierro, si se concede el pedido. Para Arroche, imputada por falsedad de documento público y retención y ocultamiento de Francisco Madariaga Quintela, fueron solicitados 13 años.

El alegato buscó reforzar los argumentos que infieren la responsabilidad de los médicos juzgados: Eugenio Martín, Norberto Bianco y Luisa Arroche. La particularidad del juicio tiene que ver con que parte de los acusados fue personal médico civil y militar del Hospital Militar de Campo de Mayo. Martín y Bianco eran jefes de Servicio de Clínica Médica y Traumatología respectivamente; ambos eran militares. Arroche fue obstetra. Julio César Caserotto fue su contemporáneo al mando de Ginecología y fue, tal vez, quien más habló sobre la relación entre el hospital y los crímenes de lesa humanidad que sucedían entonces. Murió en 2008. Jorge Habbib Haddad, que fue subdirector del centro de salud, y Ramón Capecce, que fue jefe de Cirugía, quedaron fuera del juicio por cuestiones de salud.

A modo de preludio, la fiscalía mencionó el rol de intervención directa que cumplieron los médicos durante el nazismo y dejó abierta la puerta a la comparación de aquél con el de los médicos en juicio. “Es necesario romper con la impunidad alimentada por el mito del guardapolvo blanco y el rol del profesional inocuo que cumple con su función sin mirar a su alrededor y utilizar aquí los estándares de prueba que son aplicables a otros imputados por delitos de lesa humanidad”, advirtieron en relación con los profesionales de la salud y sentenciaron: “Los médicos internos y jefes de servicio fueron militares que prestaron servicio a la llamada lucha antisubversiva” y sus conductas “se apartan notoriamente del acto médico. Son actos delictivos”.

En ese marco, la atención de embarazadas detenidas ilegalmente fue parte de la “misión que como unidad militar el hospital cumplió a disposición del sistema de represión clandestina” que imperaba entonces.

lunes, 10 de noviembre de 2014

Planificadores de apropiaciones

Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo pidieron penas de entre 10 y 40 años. “En el Hospital Militar de Campo de Mayo se perfeccionó la práctica sistemática y generalizada de la apropiación de niños como en ningún otro centro clandestino de detención”, señalaron.

 Por Ailín Bullentini

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo solicitó penas de entre 10 y 40 años para los cinco imputados en el juicio por la apropiación de bebés nacidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo y la privación ilegal de la libertad de sus mamás. Basados en una descripción exhaustiva de la maternidad clandestina que funcionó en el sector de Epidemiología de ese hospital, y un tejido detallado entre testimonios ofrecidos específicamente en este debate y aquellos incorporados al juicio pero escuchados a lo largo de los casi 40 años que separan la actualidad de los tiempos en los que tuvieron lugar estos delitos, los abogados Alan Iud y Pablo Lachener pidieron al Tribunal Oral Federal Nº 6 que condene a Santiago Riveros y Reynaldo Bignone a 40 y 35 años de cárcel, respectivamente; que pene con 30 años de encierro a los médicos militares retirados Eugenio Martín y Norberto Bianco; y con 12 a la obstétrica Luisa Arroche. Mañana alegará la fiscalía.

La introducción que eligió Abuelas de Plaza de Mayo para la conclusión del debate que ingresó ayer en su etapa definitoria incluyó una advertencia: este juicio “llega tarde” y luego de una “deficiente instrucción”, expresó Iud. “Una vez más la desidia y morosidad del sistema judicial nos han privado de realizar un debate oral y público mucho más completo”, remarcó el abogado en referencia a los once casos similares a los nueve que ingresaron en el debate que esperan la elevación a juicio. “Muchas familias seguirán esperando justicia, aun después de este juicio. Y la demora es más grave aún si reparamos en la cantidad de imputados que quedaron fuera”; algunos por salud, otros por muerte.

Durante más de seis horas, Iud y Lachener expusieron sobre la maternidad clandestina en la que “gran cantidad de desaparecidas” dieron a luz durante la última dictadura, detallaron su estructura organizativa y funcionamiento. Es en la mitad de 1977 cuando la querella considera que un sector del área de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo fue convertida en maternidad clandestina. Pero también relacionaron el Hospital Militar en el que funcionó con algunos otros centros clandestinos de detención de Campo de Mayo, como El Campito, en los que también se realizaron partos de detenidas. Por último, encajonaron los roles de los imputados para finalmente concluir en los pedidos de pena.

“En el Hospital Militar de Campo de Mayo se perfeccionó la práctica sistemática y generalizada de la apropiación de niños como en ningún otro centro clandestino de detención”, determinó Abuelas en su alegato debido a que, consideraron sus abogados, lo que sucedió allí “constituye la evidencia más acabada de la organicidad con la cual se llevó adelante la apropiación de hijos de desaparecidos por razones políticas. El Ejército Argentino destinó un espacio específico de ese hospital para mantener cautivas a mujeres próximas a dar a luz, concretar el alumbramiento y quitarles sus bebés”.

Acorde con los testimonios de empleados y ex empleados del hospital que se oyeron durante los dos meses de juicio, más los incorporados por lectura y la prueba documental, la querella pudo detallar las “reglas” que regían para ese sector de Epidemiología, dos habitaciones aisladas y con custodia, y las pacientes que allí eran destinadas. Las detenidas permanecían vendadas y, en algunos casos, atadas a las camas, no se les permitía hablar con nadie y su estancia en el hospital así como sus partos no eran registrados. Parían, estaban algunas horas con sus hijos o hijas, pero luego se los o las quitaban. “Hay evidencias de que se les administraba a las puérperas una inyección para cortar la lactancia”, advierte el alegato. “Transcurrido uno o dos días después del parto, las mujeres eran retiradas del hospital en la mayoría de los casos sin sus bebés”, puntualiza.

Para Riveros, la querella pidió 40 años de cárcel. Era comandante del Comando de Institutos Militares, institución a cargo de la Zona de Defensa IV y del control táctico-operacional del hospital. Se lo considera responsable de la sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Marta Alvares y Susana Stritzler, de los que no se sabe nada aún, y de Catalina De Sanctis Ovando, hija de Miryam Ovando, y Valeria Gutiérrez Acuña, hija de Liliana Acuña. En calidad de comandante segundo de Institutos Militares, para Bignone solicitaron 35 años de prisión, por la sustracción, retención y ocultamiento de los bebés de Stritzler, Mónica Masri y Valeria Beláustegui, de los que tampoco hay noticias.

La querella consideró que, en su rol de jefe del Servicio de Clínica del hospital, Martín “tenía pleno conocimiento” de lo que pasaba con las embarazadas detenidas y “aportó los recursos necesarios para que estos hechos se consumaran formando parte de la cadena de mandos y retransmisión de órdenes”. En cuanto a Blanco, jefe de Traumatología del hospital, “surge con claridad de la prueba reunida que intervino de propia mano en los crímenes que aquí se juzgan”: trasladaba a las mujeres hacia y desde el hospital a los infiernos en los que estaban encerradas. Daba órdenes al personal para que las atendieran: “Era el jefe de la maternidad clandestina” junto con Caserotto, fallecido. Para ambos, la querella pidió 30 años de cárcel; les atribuyen algunos casos de sustracción de chicos, pero también el encierro de las mujeres. Para Arroche, imputada en la sustracción de la identidad de Francisco Madariaga Quintela, el hijo de Silvia Quintela, nacido en el Hospital Militar, por haber falsificado el libro de partos de esa institución, la querella pidió 12 años.

Comienzan los alegatos en el proceso por nueve casos de apropiaciones de bebés

El juicio por la maternidad clandestina

La etapa de alegatos será inaugurada  por Abuelas de Plaza de Mayo. Los acusados por crímenes cometidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo son los represores Riveros y Bignone, los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, y la obstetra Luisa Arroche.

 Por Ailín Bullentini

Abuelas de Plaza de Mayo inaugurará hoy la etapa de alegatos en el juicio a los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, a la obstetra Luisa Arroche y a los represores Santiago Riveros y Reynaldo Bignone por la apropiación de nueve bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo.

El debate oral duró apenas dos meses y contó con el testimonio de una veintena de testigos, la incorporación por lectura de varias otras declaraciones ofrecidas en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés y otras instancias judiciales. Casi todos los testigos que hablaron ante el Tribunal Oral Federal Nº 6 son o fueron empleados del Hospital Militar de ese gran predio del Ejército que es Campo de Mayo y en cuya área de Epidemiología funcionó, entre 1976 y 1978, una maternidad clandestina en la que parieron, por lo menos, 17 mujeres víctimas del terrorismo de Estado. Las historias de nueve de ellas integran el juicio que hoy ingresa en su etapa definitoria. Otros tantos casos aún esperan en el fuero de Instrucción a que la Justicia los mande a juicio oral. La querella de Abuelas y la Fiscalía, a cargo de Martín Niklison, Nuria Piñol y Viviana Sánchez, abrigaba la esperanza de que fueran incorporados al actual. Pero no ocurrió.

Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña estaban secuestradas en centros clandestinos que funcionaron en la órbita de Campo de Mayo. Estaban embarazadas. Según la elevación a juicio que enmarcó este debate oral, cuando estas mujeres entraron en trabajo de parto fueron trasladadas desde sus diferentes infiernos de cautiverio al Hospital Militar de Campo de Mayo. Allí fueron internadas en dos habitaciones del área de Epidemiología de esa institución, especialmente acondicionadas para la hospitalización de “guerrilleras subversivas”, hasta el momento del parto, que usualmente tenía lugar en el quirófano. A los pocos días, en algunos casos a las horas, esas mujeres eran regresadas a sus encierros clandestinos sin sus bebés, que fueron entregados a otras familias. Ninguna de ellas sobrevivió. Cinco de esos niños recuperaron su identidad, entre ellos Francisco Madariaga Quintela y Catalina de Sanctis Ovando.

Frente a la presidenta del TOF 6, María del Carmen Roqueta, y los jueces Julio Panello y Jorge Gettas, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo será la primera parte acusadora en intentar tejer con el hilo de las pruebas documentales, testimoniales e históricas, esas nueve historias con las responsabilidades de los cinco acusados. Bignone y Riveros deben responder a las acusaciones por haber sido las autoridades máximas de la zona de defensa IV del Ejército nacional, que incluye en su jurisdicción la repartición militar de Campo de Mayo. Ambos ya fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel, respectivamente, por apropiación de bebés en el juicio por el Plan Sistemático, llevado adelante por el mismo tribunal.

Martín y Bianco son sólo dos de los más de cinco médicos militares retirados que estuvieron involucrados en la investigación por el funcionamiento de la maternidad clandestina en Campo de Mayo y que por primera vez llegan a juicio por esos hechos. El resto se salvó de la Justicia por problemas de salud o por haber muerto.

Martín fue jefe del servicio de Clínica del Hospital Militar. Según la acusación de la querella, Martín era un “retransmisor” de información relativa a la presencia en el hospital de mujeres secuestradas clandestinamente, a sus partos y al destino de sus bebés.

Bianco fue jefe del Servicio de Traumatología de la institución. En sus respectivas elevaciones a juicio, la querella y la Fiscalía coincidieron en señalarlo como un “personaje clave” en el robo de bebés a detenidas ilegales cuyo destino era la desaparición.

Yolanda Arroche de Sala García fue obstetra de la institución y está acusada de haber firmado el certificado de nacimiento falso de uno de los bebés apropiados y quien ya recuperó su identidad, Francisco Madariaga Quintela.

domingo, 2 de noviembre de 2014

Mensaje de Chicha Mariani ; Acercate a tu familia"

“Querida Clara Anahí, es posible que la familia en la que te criaste te haya dicho muchas veces que sos ‘una chica abandonada’. Qué ironía ésta, porque sos todo lo contrario a una chica abandonada”, escribió la Abuela de Plaza de Mayo, María Isabel “Chicha” Mariani, en Facebook, en un texto dirigido a su nieta apropiada, a la que aún busca. Subió además distintas fotos para que se puedan observar similitudes físicas y la joven sepa que aún la están buscando.

“Tuviste una mamá que te protegió con su vida hasta el último segundo de aquel 24 de noviembre de 1976. Tu papá, sabiendo que lo perseguían, eligió quedarse en La Plata buscándote, hasta que lo asesinaron el 1º de agosto de 1977”, explica Mariani a su nieta en su página de la red social. Clara Anahí Mariani fue secuestrada cuando tenía tres meses de edad después de que un grupo militar de tareas asesinara a su madre. Hace 38 años que la abuela junto a la familia busca a la niña.

El mensaje de Mariani fue acompañado por seis fotos en las que la beba está con su familia. En una está en brazos de sus padres, en otra en brazos de sus abuelos y sus bisabuelos; además está la imagen del DNI que llegaron a sacar sus padres antes de que la patota militar asesinara a la madre, robara a la beba y, posteriormente, también asesinara al papá.

“Si tenés una pequeña duda de tu identidad, permitite hacerlo y acercate a tu verdadera familia, a tu abuela, a tus tíos, a tus primos, que desde hace 38 años te buscan sin descanso... porque te aman, porque te extrañan, porque necesitan encontrarte, conocerte, por eso necesitan que vuelvas!!”, escribió Chicha con la esperanza de que el mensaje pueda llegar a su nieta, utilizando todos los medios posibles para comunicar su búsqueda.