miércoles, 18 de mayo de 2016

Guillermo Pérez Roisinblit declaró sobre el rol de su apropiador

Un represor con información

El nieto de Rosa Roisinblit contó que los compañeros de celda de su apropiador le hablaron de cómo habían torturado a su padre y que Gómez le reveló que sabía de otros casos de niños secuestrados.

Por Ailín Bullentini

Tras responder preguntas ante el Tribunal Oral Criminal número 5 de San Martín por horas, Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit tomó las últimas gotas de agua que le quedaban a un vasito plástico, entrecruzó los dedos de sus manos sobre la mesa en donde había colocado más temprano algunas fotos de su infancia, que “no fue feliz”, y cerró su testimonio: “Preciso no solo de la Justicia, sino también de Gómez, para que colabore en la identificación de los restos de mis padres. Estoy absolutamente seguro de que algún tipo de información tiene. Le pido que tenga un poco sensibilidad y declare. Me lo debe”. “Gómez” es Francisco Gómez, uno de los acusados en el juicio por la privación ilegítima de la libertad de Patricia Roisinblit y José Pérez Rojo, los padres de Guillermo y Mariana Pérez. La pareja y su beba de 15 meses fueron secuestradas en octubre de 1978. A Mariana la dejaron a las pocas horas con la familia paterna. José y Patricia, embarazada de ocho meses de Guillermo, fueron llevados a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), un organismo de espionaje de la Fuerza Aérea. Guillermo nació en la Esma y fue apropiado por Gómez, quien junto a su pareja de entonces le ocultó su verdadera identidad durante 26 años. “Necesito saber dónde están mis padres para empezar a dejar de estar en duelo constante”, concluyó ayer el nieto de Rosa Roisinblit, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Su versión fue la tercera pieza –las primeras las aportaron Mariana y Rosa– depositada en este juicio oral del trágico rompecabezas que es la historia de los Pérez Roisinblit, una fotografía de la ferocidad y el ensañamiento con que el genocidio arrasó a familias enteras y las siguió destruyendo durante décadas. La Justicia también avanza de a pedazos en el análisis de los hechos y la condena a los culpables: hace dos años, juzgó y condenó a Gómez y a Teodora Jofré, su ex esposa, por la apropiación de Guillermo. Desde principios de abril, Gómez afronta un nuevo proceso junto a dos “compañeros de armas”: Oscar Graffigna, exjefe de la Fuerza Aérea, y Luis Trillo, exjefe de la RIBA. Todo ellos están acusados de la privación ilegítima de la libertad de los padres de Guillermo y Mariana. Sus homicidios quedaron fuera de la acusación. “No somos la estampa de una familia feliz buscando justicia. Cada uno ha llegado acá como pudo”, resumió Mariana Pérez hace dos semanas, cuando también les reclamó a los jueces que analicen su propio secuestro y las secuelas que que sufre aún hoy. Ese mismo día testimonió también Rosa.

De adelante para atrás

Guillermo no empieza por el principio de la historia que es eje del juicio oral, sino por el hecho que cambió el eje de la suya: el día que Mariana Pérez lo fue a buscar a su trabajo y le entregó una carta en la que le contaba que estaba casi segura de que era el hermano que ella estaba buscando. Recordó que entonces él le dijo que estaba equivocada, pero la información le quedó rebotando. “Esa es tu hermana”, le devolvió su jefe cuando se asomó y descubrió el parecido que compartían Guillermo y Mariana. Se acercó a Abuelas esa misma tarde y, en los días subsiguientes le preguntó a Gómez al respecto.

Gómez le negó su origen tres veces. La cuarta, “se quebró”: “Entre balbuceos reconoció que esa chica, por Mariana, sí era mi hermana, que yo era hijo de una montonera judía estudiante de medicina y un montonero, que a ella no la habían lastimado, pero que a mi papá sí; que él se ocupó de mi mamá, que estaba embarazada, que le daba huevo duro los fines de semana, que la sacaba a pasear y que le decía que se tenía que portar bien porque si no iba a comprometerlo”, reprodujo Guillermo. También intentó consolarlo con que “no era el único caso”: “Él me dijo que sabía de otros tres o cinco”, alcanzó a incorporar Guillermo. Mientras duró su convivencia con Gómez y Jofré, compartió celebraciones con uno de ellos, Ezequiel Rochistein Tauro, cuando aún era Ezequiel Vázquez Sarmiento. El hijo de María Graciela Tauro y Jorge Rochistein, también militantes de montoneros, fue apropiado por el oficial de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento, miembro de la RIBA y a quien Guillermo conoció como el “Colo”. Aún permanece prófugo.

Entre otras cosas que recuerda de su niñez, figuran sus días en la RIBA, adónde lo llevó varias veces Gómez, el “judío” que le dedicaban sus apropiadores cuando “hacía berrinches” y la violencia de quien le ocultó su identidad.

A fines de la década del 80 “huimos de Gómez”, recordó ayer, y completó que el ex agente de inteligencia de la RIBA “le pegaba a Jofré de una forma brutal, le daba patadas, le daba trompadas, le ha revoleado objetos, una vez le pegó con el cuerpo de madera de una escopeta, la dejó de cama”.

La negación

La confirmación sobre su identidad llegó a los pocos días de su encuentro con Mariana. Sin embargo, la restitución legítima sucedió recién en 2004, cuando Guillermo decidió finalmente someterse a los análisis de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Entre una cosa y otra, desarrolló una “absoluta negación” de su historia. Entonces, visitaba a sus apropiadores en donde estaban detenidos. En las dependencias del grupo de Guerra Electrónica, en Palermo, Gómez gozaba de las comodidades de “un cuarto grande, una cama de dos plazas, una heladera y teléfono en la puerta”, así como de “asados y vino” con “compañeros de armas” que lo custodiaban. En uno de esos asados, dos de ellos, a quienes recuerda como el “Patón” y el “Oso”, le confesaron que era muy parecido a José Pérez Rojo, de quien destacaron “el aguante que tenía en la tortura, que no gritaba ni hablaba siquiera”.

El 23 de diciembre de 2003 fue la última vez que visitó a Gómez. Lo encontró “borracho” y amenazante. “Me culpó por estar preso, me dijo que en algún momento iba a salir y que para entonces tenía reservadas para mí, mis abuelas y mi hermana un tiro en la frente”. Guillermo no solo no regresó, sino que reflexionó sobre “de qué lado estaba parado”.

El regreso

Pese al “miedo” que sentía, Guillermo decidió presentarse como querellante en la causa que transita el juicio oral. “Yo quería ser el último desaparecido de mi familia”, explicó. Sus primeras dos declaraciones fueron como testigo protegido, bajo identidad reservada.

Los ojos cerrados, el juego incesante de su boca envolviendo y desenvolviendo labio contra labio, el repiqueteo de sus piernas contra el piso y el refriego constante de sus manos en un lenguaje corporal que al unísono comenzó cuando tuvo que enfrentarse a “las preguntas de las defensas” reflejaron la persistencia de ese temor.

Gómez estuvo presente durante todo su testimonio, así que también escuchó cuando Guillermo le reclamó que “nunca hubo de su parte siquiera un pedido de disculpas por todo esto”.

lunes, 9 de mayo de 2016

Abuelas denuncia el cierre de un área clave para recuperar nietos

El organismo advirtió que la ministra Patricia Bullrich eliminó del Ministerio de Seguridad el grupo que asistía en la toma de ADN a posibles víctimas de apropiación.

Por Gimena Fuertes

Las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron ayer el vaciamiento de áreas sensibles del Ministerio de Seguridad de la Nación dedicadas al sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos, y advirtieron sobre la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, que permiten la identificación de los hijos de desaparecidos. A través de un comunicado, Abuelas responsabilizó a la ministra Patricia Bullrich por la medida publicada en el Boletín Oficial referida a la nueva estructura orgánica del Ministerio que dirige.

El Estado nacional había creado en 2009 el GEAJ para dejar de lado la intervención de las fuerzas de seguridad al momento de la toma de muestras de ADN, ya que se constató que en muchas ocasiones los agentes intervinieron de forma maliciosa para complicar la investigación de la búsqueda de los bebés apropiados. De esta manera, se ponía en manos de funcionarios judiciales el contacto con las personas que podrían llegar a ser víctimas de su apropiación.

El organismo advirtió que si no se revierte la medida, denunciará al gobierno ante la CIDH.
Pablo Lachener, abogado de Abuelas detalló la situación a Tiempo: "Desde hace meses notábamos que el área no estaba funcionando bien y con retraso. Argumentaban excusas de sobrecarga de trabajo, y ayer nos desayunamos con la noticia. Este grupo especial se pone en funcionamiento cuando las muestras no pueden ser tomadas de manera voluntaria y hace falta una intervención de personal especializado y adecuado a las víctimas y al delito", expresó. "No es que se deja de buscar a los nietos. Esa es una tarea de toda la sociedad, pero que deje de funcionar este grupo afecta la investigación", detalló el abogado.

Tal como había anticipado Tiempo en su edición especial del 24 de marzo, Bullrich había comenzado a analizar cómo aplicar el "cambio" que prometió Mauricio Macri en su campaña. Días después de asumir, envió al Ministerio de Modernización un nuevo organigrama en el que ya no figuraba un área de Derechos Humanos. En esa área estaba incluido el GEAJ. De hecho, ya se despidió a 15 de los 33 miembros de la Dirección, entre ellos los integrantes del equipo de Investigación, el GEAJ, el de cotejamiento de huellas digitales y de Género. "Los despidos afectan a todas las áreas del Estado relacionadas con las políticas de memoria, verdad y justicia, los relevamientos documentales, la realización de informes sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en la dictadura, entre otras tareas. Se cuestiona el trabajo que se realiza, se desmantelan áreas, se quita apoyo", advirtió Lachener. 
 "Era una tarea delicada la toma de muestras de ADN para identificar judicialmente a nuestros nietos, hijos de desaparecidos, no podía quedar en manos de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos actuaban con complicidad con los apropiadores, fraguando la toma de muestras para tornar imposible las restituciones", denunció Abuelas.

 La asociación recordó que a fines de 2014 fue condenado el oficial de policía Adolfo Porcel por haber fraguado, en 2005, en complicidad con el ex gendarme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las muestras del allanamiento realizado en la restitución del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana. "Ese policía es el que había remplazado el ADN de la víctima con el de un perro", recordó el abogado.

 Abuelas le reclamó a Macri "que tome las medidas necesarias para dar marcha atrás con la grave decisión adoptada por la ministra Bullrich" bajo advertencia de denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno nacional por el incumplimiento del acuerdo del año 2009.
En menos de cinco años desde la Dirección se remitieron unas 3500 unidades documentales a distintas investigaciones judiciales y allí se elaboró, por ejemplo, un mecanismo de identificación de cadáveres NN que permitió dar con el paradero de 37 personas desaparecidas, entre ellas, el de Luciano Arruga. 

viernes, 6 de mayo de 2016

El juicio por los secuestros de la RIBA

“Necesito saber qué pasó con ellos”

La vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, y su nieta, Mariana Pérez, declararon ayer en el juicio en el que se juzga a tres represores, entre ellos al ex jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Omar Domingo Rubens Graffigna, por la desaparición de Patricia Julia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo.

“Estoy muy contenta de que llegué a vivir este momento”, dijo casi al finalizar su declaración Rosa Roisinblit, que recién a los 96 años puede presenciar el juicio por la desaparición de su hija y de su yerno, quienes estuvieron secuestrados en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), un organismo de espionaje de la Fuerza Aérea en la zona oeste del conurbano que funcionó un centro clandestino de detención.

“Necesito saber quién se los llevó, a dónde se los llevaron, qué pasó con ellos”, reclamó la vicepresidenta de Abuelas. En la sala estaban los tres imputados: Graffigna, el ex jefe de la RIBA, Luis Tomás Trillo, y el ex personal civil de inteligencia Francisco Gómez, quien, junto con su ex mujer, María Teodora Jofré, se apropió del niño que Patricia parió en la ESMA, donde fue llevada desde la RIBA para dar a luz.

Mariana Pérez, hija mayor de Patricia y José, presenció el secuestro de sus padres y luego de unas horas fue llevada a la casa de sus familiares paternos, con quienes se crió. Durante su testimonio pidió que “de alguna manera este proceso dé cuenta de lo que me pasó a mí” y agregó: “No hay una consciencia cabal de lo que significa crecer buscando un hermano”.

“Cuando fue el operativo en el que me secuestraron con mis padres tenía apenas 15 meses. No tengo recuerdos, los primeros recuerdos son de lo que me han dicho mis abuelos”, relató Mariana. También rememoró que debió hacer consciente que su mamá estaba embarazada: “Algo que estaba guardado porque obviamente me habían preparado para la llegada de ese hermano, porque cuando desapareció mi mamá estaba de ocho meses”.